El Gobierno de México intervino de forma directa en el conflicto social desatado en Playa Las Cocinas, en Punta Mita, para garantizar el acceso público a esta zona costera y encauzar institucionalmente las demandas ciudadanas frente al desarrollo de un proyecto turístico en Bahía de Banderas.
A través de una estrategia coordinada entre la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Nayarit, autoridades federales y estatales instalarán mesas de diálogo con habitantes, representantes de la empresa desarrolladora y organismos ambientales para revisar el avance de la obra, su impacto ecológico y el respeto a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
#SEGOBInforma 📢
— Gobernación (@SEGOB_mx) April 29, 2026
Se garantiza acceso público a playas en Nayarit como marca la ley
Comunicado: 📄 https://t.co/Yf41hdeElm pic.twitter.com/BgMoag433A
Acceso a playas, eje central
La Segob subrayó que el libre acceso a las playas mexicanas constituye un derecho legal irrenunciable, por lo que será un punto central en cualquier decisión relacionada con el proyecto turístico en Playa Las Cocinas.
La postura federal surgió tras protestas de pobladores que denunciaron posibles afectaciones al acceso público y daños ambientales derivados del desarrollo inmobiliario impulsado en la zona.
El conflicto alcanzó un punto crítico luego de la detención de tres manifestantes, Fabricio Yáñez Fonseca, Sandra Cano Navarro y Antonio Benavides de la Cruz, durante protestas contra el Grupo DINE, desarrollador vinculado al proyecto.
Posteriormente, las autoridades confirmaron la liberación de los detenidos y el retiro de aproximadamente 50 elementos de la Policía Estatal desplegados en el área, acciones que marcaron el inicio de una tregua para disminuir la confrontación social.
Supervisión ambiental y legalidad
Semarnat informó que, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizará supervisiones técnicas y verificaciones para asegurar que cualquier intervención cumpla con la legislación ambiental, no invada áreas federales protegidas y preserve el ecosistema costero.
El objetivo, señalaron las autoridades, es equilibrar inversión, desarrollo económico y generación de empleos con respeto a la legalidad, el entorno natural y los derechos comunitarios.
Con el comunicado oficial 049, el Gobierno Federal dejó claro que buscará una solución pacífica y responsable, priorizando la interlocución entre todas las partes para evitar una escalada mayor del conflicto.
