La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) anunció el domingo que la Presidencia de México buscará impugnar la suspensión concedida por un ministro de la Suprema Corte mexicana en contra de las reformas electorales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocidas como 'Plan B'. La medida se produce después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentara una controversia constitucional para impedir la entrada en vigor del último paquete de reformas legales en materia electoral propuesto por el presidente mexicano, lo que llevó al ministro de la SCJN, Javier Laynez, a detener temporalmente su aplicación el viernes pasado.“El Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones” a leyes electorales, indicó la CJEF en un comunicado.La dependencia del Gobierno mexicano calificó que en la determinación se cometieron “una serie de arbitrariedades” y se trata de “una resolución injustificada e innecesaria”.Aunque el ministro Laynez expuso que la suspensión se dio por la posibilidad de vulnerar de manera irreparable derechos humanos, como los derechos políticos-electorales de la ciudadanía mexicana, la CJEF revirtió que esto es falso, así como rechazó que se vulnere el Estado de derecho y la organización de las elecciones.'El Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes', defendió la instancia de la Presidencia mexicana.El INE ha manifestado su preocupación acerca de que las modificaciones electorales propuestas por el presidente López Obrador afecten la autonomía y capacidad del Instituto para cumplir con sus funciones constitucionales, además de desequilibrar el modelo de comunicación social y perjudicar la equidad en la contienda electoral.Por su parte, la Consejería Jurídica del Gobierno mexicano ha reaccionado a la suspensión de la entrada en vigor de las reformas electorales y ha hecho un llamado a los ministros de la SCJN para que actúen dentro del marco legal mexicano. Además, ha afirmado que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y ha solicitado que se revoque el acuerdo que dio trámite a la impugnación del INE.En este contexto, la Consejería Jurídica ha criticado al ministro Laynez por desconocer las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales y ha señalado que no puede pronunciarse en temas electorales. Es evidente la tensión que se está generando en torno a las reformas electorales propuestas por el presidente mexicano, lo que pone de relieve la importancia de mantener un estricto apego al marco jurídico y a los principios democráticos.“La Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral”, aseguró.Añadió que esta restricción impide que se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado mexicano, “pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.También dijo que es preocupante que se suspenda la totalidad de la norma, cuando el INE interpuso un instrumento jurídico en contra de normas que consideró afectan su funcionamiento.La CJEF añadió que para tomar una determinación de tal envergadura se requería de una sentencia definitiva que necesita la aprobación de al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN.“No es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral”, indicó.
