Han pasado siete meses desde que Carlota ‘N’, una mujer de 73 años detenida tras el ataque registrado en su propio domicilio ubicado en Chalco, Estado de México, fue ingresada al penal municipal. A pesar de que la conversación digital que la convirtió en tendencia en redes cayó con el paso del tiempo, su caso no se ha frenado jurídicamente.
Su familia y su equipo legal se preparan para un nuevo capítulo procesal: solicitar ante el juez de control que se modifique la medida cautelar vigente y se le permita continuar bajo arraigo domiciliario mientras avanza el juicio en su contra.
El caso de la mujer se viralizó debido a que el momento del ataque quedó grabado por personas presentes en el inmueble. Dichas imágenes fueron difundidas masivamente y generaron posicionamientos divididos en opinión pública. Mientras un sector exigía que se investigara con rigor y se aplicara la ley sin matices, otro sector social empatizó con la idea de que la mujer habría actuado impulsada por el enojo al sentir vulnerado su propio patrimonio. Actualmente, Carlota ‘N’ enfrenta acusaciones por homicidio y tentativa de homicidio.
La audiencia programada para este jueves 6 de noviembre será clave para sus abogados, quienes han adelantado que su principal línea será argumentar motivos de salud para solicitar que la mujer pueda cumplir el proceso desde su casa. De acuerdo con la defensa, el paso de los meses en prisión agravó su estado general y ha mostrado pérdida de peso significativa, así como complicaciones derivadas de la diabetes que padece. Bajo esta lógica, sostienen que sus enfermedades crónico-degenerativas deben considerarse dentro de los criterios de proporcionalidad y humanidad para cambiar la medida cautelar.
El equipo jurídico ha insistido que la adulta mayor es una persona con constante requerimiento de supervisión médica, y que mantenerla bajo arraigo en su domicilio garantizaría que continúe su proceso sin el desgaste físico permanente de permanecer privada de la libertad dentro del penal. También afirman que, dadas sus condiciones, no representaría riesgo de fuga.
A las afueras del centro penitenciario, en distintos momentos de estos siete meses, ciudadanos se han manifestado para exigir su liberación. Con pancartas y consignas reiteran que la mujer actuó en defensa de su propiedad y que no debería permanecer tras las rejas. Algunos de los asistentes argumentan que el caso simboliza a personas adultas mayores que, ante una invasión o agresión, se encuentran solas frente a situaciones que rebasan sus posibilidades físicas, económicas o de reacción. Los simpatizantes sostienen que el caso debería analizarse bajo la arista humana de vulnerabilidad, más allá del impacto mediático inicial.
El expediente, no obstante, se desarrolla todavía en la arena judicial y dependerá del juez determinar si existen los elementos necesarios —jurídicos, médicos, de proporcionalidad procesal y de control de riesgo— para conceder o no el arraigo domiciliario solicitado por la defensa.