Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que limita las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en empresas estatales, organismos con dependencia presupuestaria y bancos de desarrollo, entre otras instituciones públicas.
Esta fue una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum la cual avanzó entre protestas de jubilados en los accesos del Palacio Legislativo y advertencias de la oposición por su posible efecto retroactivo.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, con un total de 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La minuta ya había sido aprobada también en el Senado el pasado 11 de marzo con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
¿Qué propone esta reforma?
La reforma propuesta al artículo 127 de la Constitución estipula que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos y demás entes públicos federales, estatales y municipales "no podrán rebasar la mitad de la remuneración" de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, casi 70.000 pesos (unos 3.889 dólares), en cualquier caso.
También ordena que en contratos, normas o instrumentos laborales no se establezcan condiciones mejores a ese límite.
Pero la reforma excluye a las Fuerzas Armadas, las pensiones de cotizaciones voluntarias a cuentas individuales y aquellas constituidas con aportes sindicales en sistemas complementarios.
El derecho a la pensión sigue
Morena defendió que la reforma no elimina el derecho a la pensión, sino que corrige privilegios que se financian con recursos públicos y fortalece la austeridad, en una reforma que califica a estas percepciones como “pensiones doradas”.
El Partido Verde y el PT coincidieron en que el sistema “no debe ser un espacio para excesos” y que los recursos liberados pueden usarse para otras prioridades públicas.
Por su lado, PAN, PRI y MC apoyaron en diversos grados la meta de terminar con las pensiones millonarias, pero cuestionaron los transitorios, porque podrían afectar a personas ya jubiladas.
De su lado, Noemí Luna, del PAN, dijo que su bancada votaría a favor en lo general para quitar privilegios, aunque alertó por la retroactividad; mientras que César Domínguez, del PRI, calificó la iniciativa de “regresiva y lesiva” para derechos adquiridos, mientras Claudia Ruiz Massieu e Irais Reyes, de MC, avisaron que esa aplicación “podría detonar amparos e incertidumbre jurídica”.
Incluso Lilia Aguilar, del PT, anunció una reserva para evitar la retroactividad a quienes legalmente obtuvieron su pensión.
Una vez aprobada en lo general, la sesión plenaria pasó a discutir las reservas en lo particular.
