Dos servidores públicos identificados como José “N” y César “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el robo y la privación de la libertad de dos personas en Tijuana, Baja California.
La investigación señala que una de las víctimas habría sido obligada a entregar una mochila con dinero después de ser llevada a su departamento y golpeada.
Los delitos atribuidos a los imputados son robo agravado y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés con fines de extorsión. La autoridad judicial les impuso prisión preventiva oficiosa y estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Investigan un robo y agresiones ocurridos en agosto de 2022
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando las víctimas circulaban en un vehículo y presuntamente fueron interceptadas por los dos servidores públicos.
La acusación sostiene que los señalados las amagaron y emplearon violencia física y moral para despojarlas de sus pertenencias. Posteriormente, habrían llevado a una de ellas al interior de su departamento, donde presuntamente la golpearon y exigieron que entregara una mochila que contenía dinero en efectivo.
Después del robo, las víctimas habrían sido subidas a vehículos distintos, en los que permanecieron privadas de la libertad y continuaron sufriendo agresiones físicas y psicológicas. Finalmente, fueron abandonadas en la vía pública.
Fiscalía de Asuntos Internos llevó el caso ante un juez
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), integró la investigación y obtuvo las órdenes de aprehensión contra José “N” y César “N”. La FGR informó sobre su cumplimiento el 20 de octubre.
Tras la presentación de los datos de prueba, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal contra ambos. Durante el plazo de investigación complementaria podrán incorporarse nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.
La información difundida no precisa los cargos que desempeñaban los imputados ni la institución a la que pertenecían. Tampoco detalla el monto del dinero presuntamente sustraído o cuánto tiempo permanecieron retenidas las víctimas.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. Ambos mantienen la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución de la autoridad judicial competente.