La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Iván “N”, Óscar “N” y Miguel “N”, tras acreditarse su responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, así como por posesión de hidrocarburo, ambos con la agravante de pandilla.
De acuerdo con la información oficial, los hechos derivan de un operativo realizado en agosto de 2023 por elementos de la Secretaría de Marina, quienes interceptaron a los ahora sentenciados en altamar, frente a las costas de Guerrero.
Aseguramiento en altamar con más de dos toneladas de droga
La detención se llevó a cabo a 193 millas náuticas al suroeste de Acapulco, cuando los implicados navegaban a bordo de una embarcación menor con dos motores fuera de borda y sin matrícula, lo que levantó sospechas entre las autoridades.
Durante la inspección, personal naval localizó un cargamento de dos mil 387 kilogramos con 270 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 137 litros con 808 mililitros de petrolífero, lo que derivó en su aseguramiento inmediato.
El decomiso representó un golpe significativo contra las operaciones de tráfico de drogas en rutas marítimas del Pacífico mexicano, utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas.
FGR logra sentencia con agravante de pandilla
Tras la detención, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas necesarias para sustentar el caso ante la autoridad judicial.
Como resultado del proceso, un juez dictó una sentencia de 20 años, 11 meses y 29 días de prisión para cada uno de los responsables, quienes deberán cumplirla en el CERESO de Acapulco, Guerrero.
Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán cubrir una multa de 425 mil 230.26 pesos, así como el pago por concepto de reparación del daño en favor de PEMEX, debido a la posesión ilegal de hidrocarburo.
Este caso refleja el seguimiento de las autoridades federales a las operaciones detectadas en altamar, donde organizaciones criminales utilizan embarcaciones sin registro para el traslado de droga y combustible.
La sentencia se suma a las acciones del Gobierno federal para frenar el tráfico de estupefacientes por rutas marítimas, consideradas estratégicas por grupos delictivos para movilizar grandes volúmenes de droga.