Los directores de Seguridad Pública de los municipios de Río Grande y Momax, Zacatecas, fueron detenidos por su probable participación en delitos de secuestro agravado, extorsión contra ganaderos y facilitación de actividades delictivas para grupos del crimen organizado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó las capturas, realizadas durante un operativo coordinado entre corporaciones federales y estatales que dejó cuatro personas detenidas. Tres de ellas estaban identificadas como objetivos prioritarios dentro de la estrategia de seguridad contra la violencia en la entidad.
Entre los detenidos se encuentra José Alonso “N”, director de Seguridad Pública de Río Grande, señalado por su probable participación directa en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada contra productores ganaderos de la zona norte de Zacatecas.
En ese mismo municipio, las autoridades ejecutaron una orden de cateo y arrestaron a Raúl “N”, identificado como probable cómplice dentro de la misma red delictiva.
En una intervención paralela en Tlaltenango de Sánchez Román, los agentes catearon un inmueble y detuvieron a José Miguel “N”, director de Seguridad Pública de Momax, quien es investigado por el probable delito de facilitación delictiva.
En el lugar también fue arrestada Cecilia “N”. Durante la diligencia, las autoridades aseguraron una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos de distintos calibres y varios envoltorios con sustancias con características de narcóticos.
El operativo contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la FGJEZ.
Los cuatro detenidos, incluidos los dos mandos policiacos, así como los objetos y materiales asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.
Dicha autoridad continuará con la integración de las carpetas de investigación y determinará la situación jurídica de los implicados dentro de los plazos establecidos por la ley.