Este martes, un juez de control federal determinará la situación jurídica del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado del delito de peculado por el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.
La audiencia de continuación inicial está programada a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y será encabezada por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien deberá decidir si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Fiscalía pide 21 años de prisión
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó una sentencia de 21 años de prisión para el exmandatario, quien permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla este nuevo proceso.
De acuerdo con la imputación, los recursos, 10 millones de pesos originalmente destinados por la Secretaría de Salud a dos casas de atención, una para niños y otra para adultos mayores, habrían sido parcialmente desviados. Solo cinco millones se aplicaron a los fines previstos.
Durante la audiencia pasada, que se extendió por alrededor de siete horas, la fiscalía presentó 38 datos de prueba, entre ellos transferencias bancarias entre tres instituciones financieras que recibían recursos federales.
Denuncias desde 2016
El expediente fue judicializado a finales del año pasado tras denuncias presentadas desde 2016 por presuntos desvíos de recursos federales destinados a insumos de salud y obras públicas en Veracruz.
Según la FGR, el exgobernador firmó un decreto que permitió utilizar recursos destinados a sectores vulnerables para cubrir otros compromisos financieros del estado, como el pago de nómina.
Duarte rechaza acusaciones
En su intervención ante el juez, Duarte negó haber desviado recursos y sostuvo que no era responsable directo de las finanzas estatales.
“Yo no fui secretario de finanzas y planeación, fui gobernador… Su señoría, no entiendo”, expresó.
El exfuncionario argumentó que los recursos señalados no eran federales sino estatales, y aseguró que instruyó priorizar fondos de libre aplicación.
“No existe ni siquiera un indicio en el desvío de recursos federales”, afirmó.
Además, descalificó la acusación y señaló que existe una intención de impedir su liberación. Incluso, comparó la imputación con una acusación sin sustento jurídico.
La defensa también intentó frenar el procedimiento al señalar que la extradición concedida por tribunales de Guatemala no contemplaba este nuevo delito. Sin embargo, el juez consideró que había elementos suficientes para continuar con el proceso.
En la audiencia, el juzgador enfatizó que sus resoluciones se basan exclusivamente en la ley.
“Los tintes políticos se escapan a mi función… los juzgadores nunca hemos sido políticos”, puntualizó.
La resolución que se emita este martes podría prolongar la permanencia en prisión del exgobernador, quien está próximo a cumplir una sentencia previa de nueve años.
