El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 60 votos a favor y 3 en contra una reforma al Código Penal que tipifica como delito autónomo la administración subrepticia de sustancias, incluyendo los llamados "pinchazos" y el suministro de drogas en bebidas o alimentos sin consentimiento. Esta iniciativa busca atender un fenómeno creciente de agresiones en espacios públicos, especialmente en el transporte colectivo.
La nueva ley contempla penas de entre 2 a 5 años de prisión y multas que van de 13,900 a 83,640 pesos. Sin embargo, si existen agravantes, la sanción puede aumentar hasta 7 años y medio de cárcel.
El delito será perseguido de oficio, y también se sancionará a quien intente hacer creer a otra persona que le suministró alguna sustancia sin que haya ocurrido realmente.
El capítulo añadido al Código Penal define claramente qué se entiende por "sustancia" y los métodos de administración, que incluyen vías orales, dérmicas, inyecciones o mediante objetos punzocortantes.
Se consideran agravantes cuando la víctima pertenece a un grupo vulnerable (niños, mujeres, personas con discapacidad o adultos mayores), si se utilizan sustancias tóxicas o psicotrópicas que pongan en riesgo la vida, si el hecho ocurre en espacios públicos o de acceso restringido, o si hay intención de facilitar otro delito.
Esta reforma fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y respaldada por legisladores del PRI y del PVEM. Movimiento Ciudadano votó en contra, argumentando una postura antipunitivista, al considerar que la criminalización por sí sola no erradicará estas conductas.
