La Fiscalía General de la República aseguró 34 tablones de madera de origen ilegal en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, como parte de acciones contra delitos ambientales en una zona considerada protegida.
El operativo no solo permitió el decomiso del material, sino que abrió una investigación sobre la posible tala clandestina en una de las regiones con mayor biodiversidad del país.
¿Dónde ocurrió el aseguramiento de madera ilegal?
Las diligencias se llevaron a cabo en las localidades de Belén Grande y El Diamante, en el municipio de San Andrés Tuxtla, donde autoridades federales localizaron los tablones de distintos grosores.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, la madera corresponde a especies tropicales como apipi, gaga, cerillo y súchil, las cuales forman parte de la biósfera de Los Tuxtlas, donde su aprovechamiento está restringido.

¿Qué autoridades participaron en el operativo?
El aseguramiento se realizó en coordinación con diversas instituciones, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Además, se contó con el apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, así como corporaciones estatales y municipales, que brindaron seguridad perimetral.
¿Qué pasará con la madera asegurada?
Los tablones quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz, que continuará con la integración de la carpeta de investigación.

En tanto, el material fue resguardado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Catemaco, mientras avanzan las indagatorias correspondientes.
¿Por qué es un delito la tala en esta zona?
La región de Los Tuxtlas es una reserva ecológica de alta relevancia ambiental, por lo que la tala y explotación de especies protegidas está prohibida, con el objetivo de preservar su biodiversidad.
Las autoridades federales mantienen operativos en la zona para combatir actividades ilícitas que afectan los ecosistemas y garantizar la protección de los recursos naturales.