El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa rechazó el amparo promovido por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con el que buscaban revertir la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y de otras 20 personas.
La demanda de amparo fue presentada por el abogado Jorge Santiago Aguirre Espinoza, asesor jurídico de los familiares y director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, como un intento de impugnar la resolución que exoneró a Abarca de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
Se mantiene firme la sentencia absolutoria de 2019
La absolución de José Luis Abarca se originó a partir de una sentencia emitida en 2019, misma que fue ratificada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en mayo de 2023, al considerar que las pruebas eran insuficientes para sostener los cargos relacionados con la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Con este fallo, la causa penal 66/2015 quedó formalmente cerrada para el exedil en lo relativo al caso Ayotzinapa. Sin embargo, Abarca continuará en prisión debido a que enfrenta otros procesos penales.
Sentenciado por homicidio y acusado de lavado de dinero
Aunque quedó exonerado del caso Ayotzinapa, José Luis Abarca no saldrá libre. Permanece recluido en el penal federal del Altiplano, ya que recientemente fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, sobrino del senador morenista Félix Salgado Macedonio.
Además, Abarca enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que refuerza su permanencia en prisión.
Padres de los 43 continuarán su lucha legal
Tras el fallo judicial, el Centro Prodh lamentó la decisión del tribunal y reiteró su postura de que el sistema judicial ha fallado a las víctimas y sus familias.
Los padres de los normalistas han anunciado que continuarán su lucha por la justicia, tanto en tribunales nacionales como en instancias internacionales, al considerar que este tipo de resoluciones profundizan la impunidad en uno de los casos más emblemáticos de violencia y desaparición forzada en México.
