La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, presentó una apelación formal contra el juicio y la sentencia de 38 años de prisión que le impuso una corte de Nueva York, al considerar que el proceso estuvo viciado desde su origen.
El recurso fue ingresado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y busca la anulación del juicio o, en su defecto, la reposición total del procedimiento, bajo el argumento de que se vulneraron garantías básicas de un juicio justo.
Alegan proceso “contaminado”
En el documento, los abogados sostienen que el caso estuvo marcado por irregularidades graves, entre ellas el uso de testimonios falsos y la omisión de pruebas que habrían favorecido al exfuncionario mexicano.
Aseguran que estas fallas impidieron al jurado evaluar de manera objetiva los hechos.
Testigos bajo la lupa
Uno de los ejes de la apelación es el presunto perjurio de testigos clave presentados por la fiscalía. La defensa señala inconsistencias en relatos sobre supuestos encuentros y hechos que, según dicen, no coinciden con registros médicos, documentos oficiales ni líneas de tiempo verificables.
También cuestionan que algunos declarantes hayan recibido beneficios judiciales pese a ofrecer versiones que, aseguran, eran imposibles de corroborar o directamente falsas.
Evidencia que no llegó al jurado
Otro punto central es la acusación de que la fiscalía ocultó información relevante. La defensa afirma que existían evaluaciones, revisiones de antecedentes y contactos oficiales con agencias estadounidenses que no arrojaron alertas contra García Luna y que nunca fueron presentadas ante el jurado.
Además, denuncian que no se informó que al menos un testigo cooperante siguió cometiendo delitos mientras negociaba con autoridades de Estados Unidos.
Críticas al manejo del juicio
El escrito también acusa al juez del caso de restringir el contrainterrogatorio a testigos protegidos, lo que —según la defensa— limitó el derecho de confrontación. A esto se suma la admisión de pruebas materiales que consideran altamente prejuiciosas, como imágenes de bienes sin vínculo directo con los delitos imputados.
Buscan reducir o anular la pena
Por otra parte, la apelación no solo cuestiona el juicio, sino también la sentencia. Los abogados consideran excesiva la condena de 38 años de prisión y la multa millonaria impuesta, al argumentar que se basó en hechos no probados y en criterios desproporcionados frente a casos similares.