El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará este martes su discurso anual del Estado de la Unión ante un país marcado por fuertes cambios políticos y un Congreso que enfrenta cuestionamientos por su papel frente al poder presidencial.
A un año de haber retomado la Casa Blanca, el mandatario republicano ha impulsado una agenda acelerada que ha modificado prioridades internas, tensado relaciones internacionales y puesto a prueba el sistema de frenos y contrapesos del país.
Cuando los legisladores se reúnan en el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el mensaje de Trump será visto como un momento clave para evaluar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Críticos sostienen que el Congreso ha quedado marginado ante el amplio alcance del presidente. Nancy Henderson Korpi, jubilada de Minnesota que participó en una protesta del movimiento Indivisible, afirmó que lo más inquietante es que el Poder Legislativo “ha cedido su poder”.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha defendido al mandatario y aseguró que Trump será el presidente “más trascendental” de la era moderna.
Agenda agresiva y polémica
Entre los principales logros legislativos del gobierno destaca el paquete republicano de recortes fiscales, que incluye nuevas cuentas de ahorro para bebés, eliminación de impuestos sobre propinas y reducciones a programas sociales como Medicaid y SNAP.
Sin embargo, buena parte de la estrategia de Trump se ha basado en órdenes ejecutivas, muchas impugnadas en tribunales, y en decisiones unilaterales en materia migratoria, laboral y de política exterior.
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Neil Gorsuch, advirtió recientemente que la acumulación de poder en manos de un solo mandatario amenaza el equilibrio constitucional.
División política
Los demócratas han anticipado protestas silenciosas o boicots durante el discurso. El líder de la minoría en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, sostuvo que “el estado de la unión se está desmoronando”.
Aunque ha habido intentos aislados de frenar iniciativas presidenciales, como esfuerzos bipartidistas para publicar archivos del caso Jeffrey Epstein, la mayoría de las acciones del Congreso han tenido efectos limitados.
El siguiente gran choque entre la Casa Blanca y el Capitolio será la llamada Ley SAVE America, que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse y votar en elecciones federales.
Mientras los republicanos la consideran necesaria para combatir el fraude, los críticos advierten que podría dejar sin votar a millones de ciudadanos.
Trump ya adelantó que recurrirá a acciones ejecutivas si el Congreso no aprueba la medida, lo que perfila otro episodio en la creciente disputa sobre el alcance del poder presidencial en Estados Unidos.
