Un tribunal federal de Estados Unidos dejó sin efecto la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países impuesta por el Gobierno de Donald Trump a principios de año.
La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al aplicar la medida.
Jueza califica de ilegal la prohibición
En una sentencia de 61 páginas, emitida el viernes, Vargas consideró que la suspensión era “manifiestamente ilegal” y cuestionó el argumento utilizado por la Administración Trump para justificarla.
El Gobierno sostenía que los solicitantes de los países afectados representaban un riesgo elevado de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.
Sin embargo, la magistrada señaló que funcionarios estadounidenses recibieron instrucciones para rechazar solicitudes incluso cuando los inmigrantes cumplían con los requisitos y probablemente podían mantenerse por sus propios medios.
La jueza consideró que esto contravenía una norma que establece la necesidad de realizar evaluaciones individuales en cada solicitud.
La medida afectaba a países de América Latina
La directiva contemplaba a varias naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
La suspensión, vigente desde enero, también incluía a países como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Entre quienes llevaron el caso ante los tribunales se encuentran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas con base en la nueva política, además de seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron afectaciones para familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
Fallo podría reabrir miles de solicitudes
La resolución no solo invalida la medida, sino que también revoca las negativas de visas que se hayan basado exclusivamente en esta política. Esto podría derivar en la revisión de miles de solicitudes que ya habían sido procesadas.
El Departamento de Estado señaló que normalmente no comenta sobre litigios legales pendientes o en curso. No obstante, un portavoz defendió la política migratoria de la Administración Trump y afirmó que el Gobierno mantiene estrictos estándares de evaluación y verificación para quienes solicitan visas.
Organizaciones celebran la decisión
El fallo fue recibido favorablemente por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, consideró que la resolución representa una victoria para numerosas familias afectadas por la suspensión.
Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, calificó la decisión como un rechazo contundente a una política que, según sostuvo, provocó daños a familias y comunidades.
Ambas organizaciones señalaron que las leyes migratorias no deben utilizarse para establecer discriminaciones basadas en países enteros ni para separar familias.
