La tasa de muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) alcanzó su nivel más alto en años durante la actual administración del presidente Donald Trump, de acuerdo con un informe elaborado por Human Rights Watch y Médicos por los Derechos Humanos.
El documento señala que al menos 52 personas han fallecido bajo custodia migratoria desde el inicio del actual mandato presidencial, en un contexto marcado por un aumento significativo en el número de inmigrantes detenidos y por cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión y la atención médica proporcionada en los centros de detención.
Aumentan las detenciones y las muertes
Según el informe, durante el primer año del segundo mandato de Trump la población detenida por el ICE aumentó 77%, al pasar de aproximadamente 40 mil a más de 71 mil personas.
Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad bajo custodia migratoria registró un incremento de 140%, situación que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las investigaciones abarcan las muertes ocurridas entre octubre de 2015 y junio de 2026, con especial atención a los fallecimientos registrados durante la actual administración federal.
El informe documenta diversos casos en los que presuntamente existieron retrasos o deficiencias en la atención médica brindada a personas detenidas.
Entre ellos figura el de Maksym Chernyak, un ciudadano ucraniano de 44 años que sufrió un derrame cerebral después de presentar síntomas considerados compatibles con una emergencia médica.
Las organizaciones concluyeron que los retrasos en su traslado a un centro especializado pudieron contribuir a su fallecimiento.
También se menciona el caso de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, quien murió bajo custodia del ICE tras ser diagnosticado con COVID-19 y permanecer varios días en aislamiento.
Sus familiares continúan solicitando información oficial relacionada con su tratamiento y muerte.
Denuncian falta de transparencia
Human Rights Watch y Médicos por los Derechos Humanos señalaron que la información pública disponible sobre las muertes bajo custodia del ICE es limitada y, en algunos casos, difundida con retrasos.
Las organizaciones sostienen que esta situación dificulta la supervisión independiente y deja sin respuesta interrogantes sobre las circunstancias de los fallecimientos y la calidad de la atención médica recibida por los detenidos.
Asimismo, cuestionaron que los mecanismos internos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende el ICE, se han debilitado, lo que complica la rendición de cuentas.
La situación también ha generado reacciones en el Congreso estadounidense.
Los senadores Alex Padilla y Richard Durbin solicitaron a las autoridades federales revisar las condiciones dentro de los centros de detención y atender las preocupaciones relacionadas con la atención médica y la seguridad de las personas retenidas.
Los legisladores advirtieron que el incremento en el número de detenidos ha ejercido una presión adicional sobre un sistema que ya enfrentaba cuestionamientos por presuntas deficiencias estructurales.
Persisten críticas a la política migratoria
El informe vincula el aumento de las detenciones con la política de detención obligatoria impulsada por la administración Trump para ciertos inmigrantes que ingresan al país sin autorización.
Organizaciones civiles y abogados especializados han promovido miles de recursos legales para cuestionar la legalidad de estas medidas, argumentando que podrían vulnerar garantías constitucionales y derechos fundamentales.
Además, defensores de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones en algunos centros migratorios, particularmente aquellos ubicados en estados del sur del país, donde se han reportado problemas relacionados con atención médica, acceso a servicios básicos y condiciones sanitarias.
Las organizaciones responsables del informe solicitaron que se fortalezcan los mecanismos independientes de supervisión y que se publiquen de manera transparente los resultados de las investigaciones relacionadas con cada fallecimiento ocurrido bajo custodia migratoria.
También pidieron que las autoridades federales rindan cuentas sobre las condiciones de detención y garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos para las personas privadas de la libertad por motivos migratorios.