El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, renunció este domingo 22 de noviembre tras asumir la responsabilidad por los cambios de última hora para impedir trampas con inteligencia artificial en el examen nacional de ingreso universitario, una respuesta que generó confusión entre aspirantes y supervisores.
El presidente Lee Jae Myung aceptó la dimisión y encargó a la primera ministra Han Seong-sook supervisar las acciones posteriores a la prueba. La salida del funcionario ocurre mientras las autoridades revisan 111 infracciones relacionadas con dispositivos electrónicos y preparan medidas para endurecer las sanciones.
Choi reconoció que la preparación fue insuficiente y que las modificaciones introducidas poco antes del examen causaron molestias a los estudiantes y a la población. La Presidencia informó que la selección de su reemplazo seguirá los procedimientos establecidos.
Cambiaron útiles y controles apenas antes del examen
El Suneung, conocido oficialmente como College Scholastic Ability Test (CSAT), se celebró el jueves 19 de noviembre para el ingreso universitario de 2027. Los preparativos gubernamentales contemplaban alrededor de 550 mil aspirantes.
La alarma aumentó después de que el participante con la mayor puntuación en un examen distinto, de certificación para asesores fiscales, admitiera haber utilizado una cámara miniatura, un teléfono y herramientas de inteligencia artificial generativa para hacer trampa.
Ante el temor de que ese método pudiera repetirse, las autoridades ampliaron los controles del Suneung. Un día antes de la prueba restringieron los útiles personales a lápices negros y dispusieron la entrega de otros materiales necesarios en las sedes.
También ordenaron cubrir los botones de la ropa con adhesivos para bloquear posibles cámaras ocultas, reforzar las revisiones de lentes inteligentes y colocar las mochilas en los pasillos bajo vigilancia.
Dos días antes del examen se había anunciado la incorporación de 8,400 supervisores adicionales, incluidos especialistas en detección de dispositivos. La proximidad de los cambios obligó a estudiantes y personal a ajustar sus preparativos con escaso margen.
Alertas de emergencia detectaron 54 dispositivos
Durante la jornada, el Gobierno envió tres alertas de emergencia a los teléfonos de todo el país para localizar aparatos que los aspirantes no hubieran entregado. Ese mecanismo permitió descubrir 54 dispositivos.
Otros controles detectaron 52 casos adicionales, mientras que en cinco se identificó el uso de aparatos durante la prueba. Estos últimos incluyeron lentes inteligentes, una cámara pequeña con audífonos inalámbricos, fotografías de preguntas mediante un celular y uso de teléfonos en los baños.
El balance inicial de 98 irregularidades aumentó a 111 con las verificaciones posteriores. Sin embargo, el total no equivale a 111 casos confirmados de respuestas obtenidas mediante IA: también comprende infracciones por posesión de equipos prohibidos.
Las autoridades educativas deberán revisar las circunstancias de cada expediente antes de determinar las sanciones correspondientes.
Revisarán señales inalámbricas y proponen sanciones de diez años
Un grupo interinstitucional encabezado por la primera ministra analizará los registros de señales Wi-Fi y Bluetooth almacenados durante el examen, con el objetivo de detectar posibles irregularidades que no fueron descubiertas en las aulas.
El Gobierno también busca establecer una base legal para impedir hasta por diez años que quienes cometan fraude con dispositivos inteligentes vuelvan a presentar el Suneung. Además, discutirá con las universidades posibles expulsiones y restricciones de admisión. Estas medidas permanecen como propuestas sujetas a desarrollo legal y coordinación institucional.
La recepción especial de denuncias continuará hasta el 19 de enero de 2027. Las investigaciones también podrán alcanzar a quienes presuntamente faciliten equipos o promuevan métodos para vulnerar los controles.
La renuncia de Choi cierra su participación al frente del ministerio, pero deja abierta una revisión más amplia: cómo proteger la equidad del acceso universitario frente a nuevas tecnologías sin trasladar a los aspirantes la incertidumbre de reglas anunciadas en vísperas del examen.