El Departamento de Justicia de EUA presentó una demanda para asumir formalmente la propiedad de un petrolero sancionado y de casi 2 millones de barriles de petróleo incautados frente a la costa de Venezuela, en una acción que marca una nueva etapa en la estrategia de control sobre el sector energético venezolano.
La embarcación, identificada como Skipper, fue interceptada en diciembre y ahora enfrenta un proceso judicial en un tribunal federal de Washington.
Demanda para tomar posesión del petrolero Skipper
La acción legal busca que un juez autorice la transferencia permanente del buque y su carga al gobierno de EUA, lo que permitiría la eventual venta del crudo. Se trata de la primera demanda formal para consolidar la propiedad de uno de al menos 10 petroleros interceptados desde finales del año pasado como parte de operativos contra el contrabando de crudo venezolano e iraní.
De acuerdo con la acusación, el Skipper habría transportado petróleo de Irán y Venezuela mediante el uso de banderas falsificadas y mecanismos destinados a ocultar su trazabilidad en las cadenas globales de suministro. Las autoridades sostienen que estos movimientos generaban ingresos para la Guardia Revolucionaria de Irán, considerada por EUA como organización terrorista extranjera.
Acusaciones sobre flota fantasma y petróleo ilícito
El gobierno estadounidense ha señalado que Venezuela operaba una flota fantasma de embarcaciones para introducir crudo ilícito en mercados internacionales. Según el Departamento de Justicia, estas redes marítimas empleaban cambios de bandera, transferencias en altamar y rutas indirectas para evadir sanciones.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado. Este Departamento de Justicia desplegará toda la autoridad legal a nuestro alcance para desmantelar por completo y cerrar de manera permanente cualquier operación que desafíe nuestras leyes y alimente el caos en todo el mundo”.
La incautación del Skipper fue descrita como el inicio de una serie de medidas más agresivas orientadas a cortar el flujo de ingresos petroleros que durante años sostuvieron la economía venezolana.
Estrategia para controlar producción y distribución
El gobierno de Trump ha planteado una estrategia que busca supervisar la producción, refinación y distribución global del petróleo venezolano, así como el destino de los ingresos generados por su comercialización. Paralelamente, EUA comenzó a flexibilizar algunas sanciones amplias para permitir operaciones de empresas extranjeras, con el objetivo de reactivar una industria que ha registrado una caída sostenida en la última década.
Autoridades judiciales argumentan que retirar de circulación buques involucrados en el transporte clandestino de crudo representa un paso para frenar el financiamiento de estructuras consideradas hostiles.
La resolución del tribunal federal determinará si el gobierno estadounidense obtiene la propiedad definitiva del buque y su carga, en un proceso que podría sentar precedente en futuros casos relacionados con incautación de petroleros sancionados y control de activos vinculados al comercio internacional de hidrocarburos.
