Cuando no hay pistas claras en un crimen, algunos investigadores en Estados Unidos están recurriendo a una herramienta poco conocida: pedirle a Google que revele quién buscó ciertas palabras clave antes o después de un delito. El mecanismo, llamado orden de registro inverso de palabras clave, ha generado un debate legal sobre privacidad y derechos constitucionales.
A diferencia de una orden tradicional, que apunta a un sospechoso específico, este método funciona al revés: la policía solicita las direcciones IP de quienes hayan buscado términos concretos, como la dirección de una víctima o frases como “bomba casera”, dentro de un periodo determinado.
¿Cómo funciona este tipo de orden judicial?
Si ocurre un delito en una calle específica, los investigadores pueden pedir a Google la lista de cuentas o dispositivos que buscaron esa dirección días antes del hecho. Con esa información, rastrean las direcciones IP hasta identificar posibles sospechosos.
La técnica ha sido utilizada en investigaciones por atentados con explosivos en Texas, un incendio en Colorado y el asesinato de la política brasileña Marielle Franco.
El caso que cambió el debate en Pensilvania
En 2016, una mujer fue abusada en un callejón en Pensilvania. Sin sospechosos claros, la policía solicitó a Google los datos de quienes buscaron el nombre o dirección de la víctima en la semana del ataque.
Más de un año después, la empresa reportó dos búsquedas realizadas horas antes del crimen desde una dirección IP específica. Eso llevó a los investigadores hasta John Edward Kurtz, un guardia penitenciario.
La policía obtuvo ADN de una colilla de cigarro desechada por el sospechoso y confirmó la coincidencia. Kurtz confesó el ataque y otros delitos similares. Fue sentenciado en 2020 a entre 59 y 280 años de prisión.
¿Es legal revisar tus búsquedas?
El caso llegó hasta la Corte Suprema de Pensilvania, que avaló el uso de la orden. Sin embargo, los jueces estuvieron divididos. Algunos consideraron que no existe una expectativa absoluta de privacidad en búsquedas realizadas en Google; otros sostuvieron que sí debía existir causa probable más específica.
En Colorado, un caso similar fue considerado “constitucionalmente defectuoso”, pero la evidencia se permitió porque la policía actuó de buena fe.
Privacidad vs. investigación criminal
Organizaciones como la ACLU advierten que este tipo de órdenes podría convertir a cualquier usuario en sospechoso, ya que el historial de búsquedas puede revelar datos personales como problemas de salud, creencias políticas o decisiones financieras.
Google, por su parte, asegura que revisa cada solicitud legal para verificar su validez y que se opone a aquellas que considera demasiado amplias. También advierte a los usuarios que puede compartir información cuando crea de buena fe que la ley lo exige.
Un precedente con impacto nacional
La discusión no es menor. La Corte Suprema de Estados Unidos ya analiza otro método similar llamado “geovalla” o “geofence”, que permite saber quién estuvo en un lugar determinado en cierto momento.
Mientras la tecnología avanza y las búsquedas en internet forman parte de la vida diaria, los tribunales deberán definir hasta dónde puede llegar el acceso gubernamental a esa información. El debate apenas comienza.
