La Justicia de Perú condenó a 13 años de prisión efectiva a César Manrique, alias “Chino Parra”, y Gilmer Arrascue, conocido como “Flaco”, por integrar una red que traficó armamento sustraído ilegalmente del Ejército peruano y cuyo destino final eran las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los hechos investigados ocurrieron entre 2006 y 2009, periodo durante el cual la organización compró, trasladó y comercializó armas de fuego, municiones y explosivos de guerra desde distintas ciudades de Perú hacia Ecuador.
Ambos fueron declarados responsables de los delitos de organización criminal y tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos de uso militar en agravio del Estado peruano.
Así operaba la red de tráfico de armas hacia Ecuador
La investigación estableció que la organización era encabezada por el ecuatoriano Freddy Torres, alias “Freddy” o “Perro”, quien coordinaba la recepción del material bélico en la ciudad fronteriza de Huaquillas, Ecuador.
Dentro de la estructura, César Manrique tenía la encomienda de viajar a Lima y a distintas zonas de la selva peruana para recoger la mercancía ilícita y organizar su envío hacia territorio ecuatoriano.
Gilmer Arrascue, por su parte, recibía directamente del líder de la organización el dinero destinado a la compra de armamento. Las operaciones se realizaban en ciudades como Chiclayo, Bagua, Tarapoto, Bellavista, Tingo María y Lima.
Las autoridades determinaron que Arrascue mantenía comunicación con integrantes del Ejército y civiles que facilitaban la obtención del material de guerra. Entre las personas vinculadas con estas operaciones fueron identificadas José Yataco, Wilbert Cornetero y Julio Vásquez.
Armamento tenía como destino final a las FARC
Una vez reunidas, las armas y municiones eran enviadas a Huaquillas, donde quedaban bajo el control de Freddy Torres. Desde ese punto continuaba su comercialización para abastecer a las entonces FARC, organización guerrillera que posteriormente se desmovilizó tras el acuerdo de paz firmado en Colombia.
Para acreditar la operación de la red, la Fiscalía presentó declaraciones de testigos, testimonios de integrantes de la organización previamente condenados e información proporcionada por colaboradores eficaces.
El expediente también incluyó peritajes especializados en balística forense y pruebas documentales que permitieron establecer las funciones desempeñadas por los acusados y la ruta utilizada para trasladar el armamento.
Condenados deberán pagar una reparación civil
Además de cumplir la pena de 13 años de prisión, César Manrique y Gilmer Arrascue deberán pagar cada uno una reparación civil de 10 mil soles, equivalente a aproximadamente 2 mil 960 dólares, por los daños ocasionados al Estado peruano.
La sentencia representa uno de los resultados judiciales de la investigación emprendida contra la estructura responsable de obtener armas y explosivos militares en Perú para introducirlos ilegalmente en Ecuador y canalizarlos hacia la antigua guerrilla colombiana.