El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ordenó una investigación tras detectarse la presunta explotación ilegal de una mina de oro dentro de una base militar en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, actividad atribuida al Clan del Golfo.
El caso ha generado preocupación por el alcance de la actividad criminal y el impacto ambiental en la zona, además de las posibles omisiones o responsabilidades dentro del sector defensa.
Explotación ilegal se extendía dentro de base militar
La mina conocida como “La Mandinga” se ubica en terrenos del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, donde la extracción de oro habría avanzado hasta zonas cercanas a instalaciones utilizadas por personal militar.
Imágenes aéreas muestran que la actividad minera se extendía a escasos metros de áreas internas del complejo, lo que evidenció la cercanía de la explotación con infraestructura del Ejército.
Tras conocer los señalamientos, el comandante de la base aseguró inicialmente que no tenía conocimiento de la extracción dentro del lugar; sin embargo, posteriormente manifestó su sorpresa ante las evidencias y adelantó que se tomarían medidas.
Gobierno advierte sanciones y “cero tolerancia”
El ministro enfatizó que existe “cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales”, y advirtió que no se permitirá ningún tipo de vínculo entre integrantes de las fuerzas de seguridad y economías criminales.
“En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”, manifestó.
Además, subrayó que cualquier posible irregularidad será sancionada: “si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”.
Zona ocupada por miles de mineros ilegales
Autoridades señalaron que el área donde se ubica la mina ha sido ocupada por entre 2,000 y 2,500 mineros informales, quienes realizan extracción sin permisos legales, lo que ha provocado daños ambientales en la región.
Desde 2022 se han realizado múltiples operativos en la zona, incluyendo la destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal, aunque estas acciones han generado reacciones violentas, como bloqueos y enfrentamientos.
El gobierno colombiano reiteró que continuará con operativos contra este tipo de actividades, destacando que en lo que va del año se han intervenido miles de minas ilegales y asegurado equipo utilizado por grupos criminales.
