El Gobierno del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente legal contra las llamadas jurisdicciones santuario al presentar una demanda contra el estado de Maryland y su fiscal general, Anthony Brown, por considerar que sus políticas migratorias obstaculizan la aplicación de las leyes federales.
La querella fue presentada este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostiene que las restricciones impuestas por Maryland dificultan el trabajo de las autoridades migratorias y vulneran la supremacía de la legislación federal.
Se trata de la más reciente de una serie de acciones judiciales emprendidas por la administración Trump contra estados y ciudades que limitan la cooperación de sus policías, cárceles y dependencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Ley de Confianza Comunitaria queda en el centro del litigio
El principal objetivo de la demanda es la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria, conocida como Community Trust Act, que restringe las acciones que pueden realizar las autoridades estatales y locales de Maryland en apoyo de los operativos federales de inmigración.
Entre sus disposiciones, la legislación impide que centros penitenciarios locales prolonguen la detención de una persona únicamente por una solicitud administrativa migratoria, salvo que exista una orden judicial válida.
También limita la notificación y transferencia de personas bajo custodia a las autoridades federales, además de restringir el intercambio de determinada información obtenida durante las funciones ordinarias de los cuerpos policiales.
La norma contempla excepciones para algunos casos y permite que ciertos factores migratorios sean considerados durante procedimientos relacionados con delitos graves. Sin embargo, el Gobierno federal sostiene que sus restricciones interfieren directamente con las facultades de las agencias migratorias.
Washington denuncia negativas para entregar detenidos
El Departamento de Justicia argumentó que la falta de cooperación de Maryland ya provocó consecuencias operativas para las autoridades federales, debido a que algunos centros de detención se habrían negado a facilitar el traslado de personas a custodia migratoria.
La demanda señala que estas negativas ocurrieron incluso cuando agentes federales presentaron solicitudes rutinarias de retención, utilizadas para pedir que una persona permanezca temporalmente bajo custodia mientras las autoridades migratorias asumen su control.
El Gobierno de Trump sostiene que Maryland no puede exigir órdenes judiciales cuando la legislación federal permite que los procedimientos civiles de inmigración se desarrollen mediante órdenes y solicitudes administrativas.
Con base en ese argumento, el Departamento de Justicia pidió al tribunal que declare inválidas las disposiciones cuestionadas y prohíba al estado continuar aplicándolas.
Uno de los principales fundamentos de la querella es la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense, bajo la cual las leyes federales prevalecen cuando entran en conflicto con disposiciones estatales.
La administración Trump acusa a Maryland de regular de manera indebida las operaciones del Gobierno federal y de otorgar un trato desfavorable específicamente a las autoridades de inmigración.
El fiscal federal Stanley Woodward afirmó que las jurisdicciones santuario no solo dificultan el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso, sino que también ignoran la voluntad de los ciudadanos que respaldan una aplicación más estricta de las normas migratorias.
Por su parte, quienes defienden estas políticas sostienen que obligar a las policías locales a participar en tareas migratorias consume recursos estatales y municipales, además de debilitar la confianza de las comunidades inmigrantes en las autoridades.
Demanda forma parte de una ofensiva contra estados demócratas
La acción judicial responde a una instrucción de la administración Trump para identificar leyes, políticas y prácticas estatales que, desde la perspectiva del Gobierno federal, faciliten violaciones a la legislación migratoria o impidan el funcionamiento de sus agencias.
El Departamento de Justicia indicó que la demanda contra Maryland se suma a otras 20 querellas presentadas por su División Civil contra políticas consideradas ilegales en distintas partes del país, entre ellas Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.
El litigio abre ahora una nueva disputa constitucional sobre los límites de la autoridad federal en materia migratoria y el derecho de los estados a decidir hasta qué punto destinan a sus policías, cárceles y recursos públicos a colaborar con los operativos de inmigración.