El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concretó la compra de dos de los mayores centros de detención para inmigrantes en California por un monto cercano a los mil 500 millones de dólares, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad destinada a la detención y deportación de personas en situación migratoria irregular.
La operación incluyó la adquisición del Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera entre California y México, así como del Centro de Detención de California City, localizado en el condado de Kern.
De acuerdo con documentos legales citados por CalMatters, la compra se formalizó el pasado 2 de julio.
El Gobierno estadounidense destinó 739.2 millones de dólares para adquirir el centro de Otay Mesa, con capacidad para mil 994 personas, y 732.6 millones de dólares por el complejo de California City, recientemente inaugurado y con espacio para albergar a 2 mil 560 detenidos.
Ambos inmuebles pertenecían a una empresa privada del sector penitenciario, la cual informó que continuará administrando las operaciones diarias de los centros mediante los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Refuerzo a la política migratoria
La adquisición se dio después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un paquete presupuestal impulsado por legisladores republicanos que contempla 70 mil millones de dólares para fortalecer las operaciones del ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias migratorias durante el resto de la administración de Donald Trump.
Con esta inversión, el Gobierno busca incrementar la infraestructura disponible para la detención de personas sujetas a procesos migratorios.
Centros bajo escrutinio
La ampliación de la red de centros de detención ocurre en medio de cuestionamientos sobre las condiciones en las instalaciones administradas por ICE.
Durante los primeros seis meses del año se reportaron 52 fallecimientos de personas bajo custodia migratoria, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado presuntas deficiencias en la atención y supervisión de estos espacios.
Además, un análisis difundido por CBS señaló que al menos 15 de los 45 centros de detención con capacidad para 500 o más personas no han sido inspeccionados durante el último año, pese a los señalamientos de irregularidades. La investigación también identificó que cinco instalaciones no cuentan con registros públicos de inspecciones.