Tras el fallecimiento de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense abatida el pasado 7 de enero por un elemento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un fiscal solicitó a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota iniciar una investigación para esclarecer si el ataque fue justificado o si se cometieron violaciones a sus derechos.
El fiscal Joseph H. Thompson envió y firmó la petición para comenzar las diligencias periciales correspondientes.
Sin embargo, de acuerdo con información publicada por The New York Times, la investigación fue frenada por integrantes de la administración del presidente Donald Trump y por solicitudes del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel.
Según el reporte, cuando agentes del FBI se preparaban para documentar salpicaduras de sangre y perforaciones de bala en la camioneta de Good, recibieron la orden de suspender las acciones.
La intervención generó inconformidad entre fiscales en Minnesota, quienes se opusieron al nuevo enfoque impulsado por el gobierno federal. La situación derivó en una ola de renuncias que dejó a la fiscalía federal del estado con escasez de personal y en medio de una crisis interna.
Nuevas líneas de investigación
En los días posteriores, el Departamento de Justicia planteó alternativas. Primero, sugirió solicitar a un juez una nueva orden de registro del vehículo, enfocada en determinar si Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó, había sido presuntamente agredido por Good.
Posteriormente, instó a investigar a la pareja de la víctima, quien la acompañaba la mañana del tiroteo y que habría confrontado a agentes migratorios.
Presiones desde altos mandos
De acuerdo con el New York Times, las órdenes para frenar la investigación provinieron de altos funcionarios, incluido Kash Patel, ante las implicaciones de abrir una pesquisa por derechos civiles que pudiera contradecir la postura del gobierno federal.
La administración sostuvo que Good “atropelló violenta, voluntaria y brutalmente” al agente que le disparó. Poco después del incidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó como “terrorista doméstica”, postura que fue respaldada por el vicepresidente JD Vance.
En paralelo, Gregory Bovino, ex jefe de la Patrulla Fronteriza y figura clave en redadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, presionó a fiscales federales para que presentaran cargos contra manifestantes vinculados a la ofensiva migratoria.
Mientras tanto, los fiscales restantes enfrentan una carga creciente de casos relacionados con denuncias de abusos por parte de funcionarios federales y demandas que cuestionan la legalidad de detenciones migratorias individuales.
