Una familia de origen mexicano fue acusada en Estados Unidos de traficar y explotar a trabajadores agrícolas compatriotas en diversas granjas del país, delitos por los que enfrentan penas máximas si son declarados culpables.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes de la imputación contra Martha Zeferino Jose, de 42 años, residente permanente en EUA, quien presuntamente reclutaba de forma fraudulenta a jornaleros mexicanos mediante su empresa Las Princesas.
Según la acusación, Zeferino operaba junto a su pareja, José Rodríguez Muñoz, descrito como inmigrante indocumentado, y su hijo Jeremy Zeferino Jose, de 23 años, también residente permanente.
Entre el verano de 2021 y 2022, los acusados habrían cobrado “importantes comisiones” a trabajadores con visas temporales H-2A. Una vez en territorio estadounidense, presuntamente les confiscaban pasaportes y documentos para impedir que abandonaran los empleos.
Condiciones denunciadas
La imputación federal sostiene que las víctimas fueron obligadas a laborar largas jornadas sin pausas adecuadas ni acceso suficiente a agua. Además, habrían sido alojadas en viviendas hacinadas e insalubres, sin servicios básicos como calefacción, aire acondicionado, agua caliente o ropa de cama.
También se les acusa de no pagar los salarios requeridos y de negar alimentos y atención médica.
Los trabajadores, cuyo número no fue precisado, habrían sido explotados en granjas e invernaderos de Virginia, Carolina del Norte y Florida.
Amenazas y obstrucción
De acuerdo con la fiscalía, los acusados vigilaban a los trabajadores y los intimidaban con reportarlos a autoridades migratorias. También les ocultaban la expiración de sus visas para mantenerlos trabajando ilegalmente en beneficio propio.
Cuando el Departamento de Trabajo de Estados Unidos inició una investigación sobre la empresa, Zeferino habría devuelto los documentos a los jornaleros y les ordenó decir que “todo estaba bien”, mientras que Rodríguez Muñoz presuntamente los amenazó con la deportación si revelaban la verdad.
Posibles penas
Los tres acusados enfrentan un total de 35 cargos relacionados con trabajo forzado y conspiración, con penas máximas de hasta 20 años por delito, además de otros cargos por captación de extranjeros con fines de lucro, esclavitud, fraude de visados y obstrucción de la justicia, que contemplan condenas adicionales de entre cinco y diez años.
El proceso judicial continúa en curso.
