El Gobierno de Estados Unidos impuso este martes sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y el abogado senegalés Abdoulaye Seye, como parte de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra ese tribunal.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que incorporó a ambos funcionarios a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las personas sancionadas participaron directamente en acciones de la CPI encaminadas a investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios de gobiernos que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
Last month, I launched a diplomatic campaign to dismantle the ICC’s threat to our national sovereignty. The Trump Administration is sanctioning ICC President Tomoko Akane and Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye in our unwavering mission to protect Americans from this sham of a…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 18, 2026
En el caso de Akane, sus funciones como presidenta de la CPI son principalmente institucionales y de representación. Seye, por su parte, está vinculado con labores de la fiscalía del tribunal y habría supervisado investigaciones relacionadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos.
También sancionan a jueces de Georgia y Mongolia
Las medidas estadounidenses también alcanzaron a Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, por su reciente participación en una decisión de la sala de apelaciones de la CPI.
El tribunal rechazó por mayoría una apelación presentada por Israel contra la investigación relacionada con presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza después del 7 de octubre de 2023.
¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?
La OFAC indicó que las sanciones entraron en vigor este martes. No obstante, se permitirán determinadas operaciones vinculadas con cuentas de los sancionados para liquidar transacciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
La medida también contempla restricciones sobre transacciones con entidades en las que cualquiera de las personas sancionadas posea, directa o indirectamente, una participación de al menos 50 por ciento.
Trump intensifica su ofensiva contra la CPI
Las nuevas sanciones forman parte de una estrategia que la Administración Trump ha utilizado contra integrantes de la Corte Penal Internacional. En febrero, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva en la que calificó determinadas acciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional.
Washington ha utilizado esa orden para sancionar anteriormente a fiscales y jueces del tribunal, además de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, y tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus ciudadanos debido a que nunca firmó el Estatuto de Roma, instrumento que estableció el tribunal.
El Gobierno estadounidense sostiene una posición similar respecto a Israel, que tampoco es firmante del tratado. La postura de Washington se relaciona, entre otros asuntos, con las investigaciones de la CPI sobre las acciones del Ejército estadounidense en Afganistán y con las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
