El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal en Nueva York rechazar la apelación presentada por Genaro García Luna, al defender la legalidad del juicio que derivó en su condena por narcotráfico y delincuencia organizada.
En un documento de más de cien páginas, firmado por el fiscal especial Adam Amir en representación del fiscal en jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, el gobierno estadounidense argumentó que las pruebas presentadas durante el proceso fueron “contundentes” y suficientes para demostrar la colaboración del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.
“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto (…) que aceptó millones de dólares en sobornos”, señala el posicionamiento oficial.
En febrero de 2024, tras un juicio de cinco semanas en una corte federal en Brooklyn, un jurado declaró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado, validando la hipótesis de la fiscalía sobre su apoyo al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
Posteriormente, el 18 de octubre de ese mismo año, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de 38 años de prisión en su contra, con fecha estimada de liberación en 2052. Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.
Los argumentos de la defensa
La defensa del exsecretario presentó su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, alegando irregularidades en el proceso judicial.
Entre sus principales argumentos, sostiene que:
- Se negó indebidamente un nuevo juicio pese a presunto perjurio de testigos.
- Se admitió evidencia innecesaria sobre su patrimonio.
- Se limitaron contrainterrogatorios y acceso a pruebas clasificadas.
La respuesta de la fiscalía
En su contestación, la fiscalía desestimó cada uno de estos señalamientos y afirmó que el proceso cumplió ampliamente con los estándares legales.
El fiscal Amir subrayó que la defensa tuvo acceso a más de un millón de documentos como parte del proceso de transparencia, y que incluso se acordó excluir acusaciones no corroboradas.
Asimismo, destacó que el caso se sustentó en el testimonio de más de 25 testigos, incluidos nueve colaboradores, quienes detallaron la presunta red de protección brindada por García Luna al grupo criminal.
Sobre inconsistencias en fechas señaladas por la defensa, los fiscales indicaron que se trata de errores menores de memoria que no invalidan los testimonios ni constituyen perjurio.
También defendieron la presentación de evidencia sobre el patrimonio del exfuncionario, señalando que fue suficiente para evidenciar un nivel de riqueza incompatible con sus ingresos oficiales.
La fiscalía también argumentó que, además de los delitos por los que fue condenado, existen pruebas de que García Luna habría intentado sobornar a internos en la cárcel de Brooklyn para que declararan falsamente a su favor.
Entre las evidencias mencionadas se incluyen entrevistas con reclusos, grabaciones y documentos que habrían sido preparados para fabricar testimonios.
La defensa cuenta con un plazo de hasta 21 días hábiles para responder a los argumentos de la fiscalía. Posteriormente, la corte podrá determinar si se requiere una audiencia oral, en la que ambas partes expondrán sus posturas ante un panel de tres jueces.
El tribunal podrá emitir diversas resoluciones, que van desde confirmar la sentencia, ordenar un nuevo juicio o incluso revocar la condena. La decisión final podría darse en un plazo menor a un año.