Por su parte, la administración Trump defiende que la Enmienda 14 fue diseñada exclusivamente para proteger a los hijos de antiguos esclavos
Una amplia coalición liderada por gobiernos demócratas presentó este jueves un recurso legal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, buscando frenar de manera definitiva la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país.
El grupo, compuesto por los fiscales generales de 23 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, radicó un escrito de "amigo de la corte" (amicus brief) argumentando que la medida presidencial es flagrantemente ilegal y contraviene la Enmienda 14 de la Constitución.
El núcleo de la disputa constitucional
Desde finales del siglo XIX, la Enmienda 14 ha garantizado que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país. Sin embargo, el presidente Trump busca negar este derecho a los hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
"La Decimocuarta Enmienda es clarísima: si naces en Estados Unidos, eres ciudadano estadounidense. El presidente Trump no tiene el poder de cambiar eso de un plumazo", sentenció Kris Mayes, fiscal general de Arizona y líder de la iniciativa.
La orden ejecutiva, firmada por el republicano en su primer día de mandato en 2025, ha permanecido bloqueada gracias a medidas cautelares obtenidas en tribunales inferiores.
Los fiscales advierten que, de entrar en vigor, las consecuencias serían devastadoras, pues muchos bebés quedarían sin nacionalidad alguna, al no ser reconocidos por el país de origen de sus padres ni por EUA. Debido a esto, los menores perderían derechos básicos y vivirían bajo la sombra constante de la deportación.
Por su parte, la administración Trump defiende que la Enmienda 14 fue diseñada exclusivamente para proteger a los hijos de antiguos esclavos tras la Guerra Civil y no para quienes, según el mandatario, utilizan visados para obtener la ciudadanía de forma estratégica.
El Tribunal Supremo, que aceptó revisar el caso el año pasado, deberá decidir ahora si el Ejecutivo tiene la autoridad para reinterpretar un precepto constitucional que ha definido la identidad nacional durante más de un siglo.
