El periodismo colombiano volvió a quedar marcado por la violencia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este viernes el hallazgo sin vida del periodista Mateo Pérez Rueda, quien había sido reportado como desaparecido desde esta semana mientras realizaba labores informativas en una zona rural del departamento de Antioquia.
A través de un mensaje en la red social X, el mandatario informó que sostuvo comunicación con la madre del joven comunicador para expresarle sus condolencias.
He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo y le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2026
La zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región…
“He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo, y le he expresado mi sentido pésame”, escribió Petro, al tiempo que aseguró que habrá seguimiento institucional al caso.
El hallazgo ocurrió en medio de una misión humanitaria
El cuerpo fue recuperado en una operación humanitaria coordinada entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, en una zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, región donde el periodista desapareció mientras realizaba un reporte.
El CICR informó que el cuerpo fue entregado a las autoridades forenses para su identificación oficial y para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.
Mateo Pérez Rueda, de 25 años, era fundador del medio digital El Confidencial, proyecto periodístico independiente que impulsaba paralelamente a sus estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia.
De acuerdo con los reportes preliminares, el joven realizaba cobertura informativa en campo cuando se perdió contacto con él el pasado martes.
El presidente colombiano aseguró que el periodista fue “asesinado” y responsabilizó directamente a Jhon Edison Chalá Torrejano, integrante del frente Darío Gutiérrez, facción perteneciente a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.
Petro precisó que actualmente no existe ninguna negociación activa con ese grupo dentro de la estrategia gubernamental de “paz total”.
Además, indicó que la Policía Nacional recibió instrucciones para reforzar su presencia en la región, con apoyo del Ejército, para contener la operación de estructuras criminales vinculadas al control de la minería ilegal de oro.
“La acción de la fuerza pública será eficaz”, sostuvo el mandatario.
Una región atrapada por la disputa criminal
La Defensoría del Pueblo había advertido días antes que la desaparición del comunicador se produjo en un contexto especialmente delicado por la confrontación entre disidencias comandadas por alias “Calarcá” y estructuras del Clan del Golfo.
Ambos grupos mantienen una disputa por corredores estratégicos utilizados para actividades ilícitas, situación que ha derivado en una grave crisis humanitaria para las comunidades rurales de Antioquia.
En ese entorno, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que periodistas y líderes sociales permanecen expuestos a amenazas constantes.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el asesinato y subrayó que el caso evidencia las condiciones extremas de vulnerabilidad bajo las que se ejerce el periodismo en varias regiones colombianas.
La organización informó que desde 2022 ha documentado 387 agresiones contra periodistas atribuidas a grupos armados ilegales.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia exigió una investigación pronta y efectiva para identificar y sancionar a los responsables.