Una coaliación de 20 estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó una política del Gobierno del presidente Donald Trump que prohíbe utilizar subvenciones destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con el documento, el Departamento de Justicia impuso restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso contra adultos mayores.
Los denominados "costos no admisibles" establecen que los fondos de múltiples subvenciones no pueden utilizarse para apoyar, ni prestar servicios legales a nngún indocumentado o extranjero sujeto a deportación.
En tanto, la demanda establece que la prohibición viola la Cláusula de Gastos designada en la Constitución de los Estados Unidos.
Además, dicha disposición restringe los "servicios legales" sin especificar cuáles son los que están sujetos a la medida, lo que deja a los estados con la incertidumbre sobre que servicios están cubiertos.
El apoyo proporcionado por la Ley de Víctimas de Delitos y la Ley de Violencia contra la Mujer incluyen el presentar denuncias policiales y órdenes de protección, solicitar indemnizaciones, entre otros.
Los estados que se unificaron para llevar a cabo la demanda son: California, New York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.