Daniel Ortega anunció que su Gobierno cerrará la vía electoral para impedir que la oposición pueda disputar el poder en Nicaragua, una declaración que profundiza la concentración política establecida mediante las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo.
El mandatario nicaragüense realizó el pronunciamiento durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, celebrado el domingo en Managua, donde acusó a los opositores exiliados de organizarse con apoyo extranjero para intentar regresar al Gobierno.
Ortega afirma que no habrá nuevas elecciones
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega ante los asistentes a la conmemoración.
El dirigente sandinista, de 80 años, gobierna Nicaragua de manera continua desde 2007.
En 2017 comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien inicialmente ocupó la Vicepresidencia y fue convertida en copresidenta mediante una reforma constitucional vigente desde febrero de 2025.
Durante su discurso, Ortega calificó a sus adversarios como “golpistas” y “vendepatrias”, además de señalar que buscarían utilizar un proceso electoral para recuperar el control del país y enriquecerse.
Gobierno prepara leyes para bloquear a la oposición
Ortega adelantó que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para elaborar leyes que establezcan “un muro” contra los partidos y movimientos opositores. El Congreso nicaragüense se encuentra ampliamente dominado por representantes y aliados del Frente Sandinista.
El mandatario no detalló el procedimiento jurídico que utilizará para eliminar los próximos comicios, ni precisó si desaparecerá por completo el sistema electoral o si las restricciones estarán dirigidas exclusivamente contra organizaciones contrarias al oficialismo.
Reforma constitucional amplió el mandato presidencial
Los cambios aprobados en 2025 extendieron de cinco a seis años el periodo presidencial, establecieron la copresidencia y facultaron al Ejecutivo para coordinar a las instituciones que anteriormente eran reconocidas como poderes independientes del Estado.
La reforma también fortaleció el control de Ortega y Murillo sobre los organismos electorales, el Poder Judicial, la administración pública y las fuerzas de seguridad, además de permitir el retiro de la nacionalidad nicaragüense bajo determinadas disposiciones legales.
Las elecciones generales debían celebrarse originalmente en noviembre de 2026, pero la ampliación de los mandatos trasladó el proceso, en teoría, hasta noviembre de 2027. Hasta el momento no se ha publicado una ley que formalice su cancelación.
Las reformas políticas de Nicaragua han sido cuestionadas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros, que advierten sobre la ausencia de contrapesos institucionales, la persecución de opositores y las restricciones al derecho de participación política.
Estados Unidos también ha desconocido la legitimidad del cargo de copresidenta otorgado a Murillo al considerar que no surgió de una elección directa. El Gobierno estadounidense ha señalado que la concentración del poder mediante la represión y las modificaciones constitucionales no representa la voluntad democrática de la población nicaragüense.