Cuba elevó al 89 % la implementación de su paquete de reformas económicas y sociales, con 158 de las 176 medidas aprobadas en junio respaldadas actualmente por 197 disposiciones jurídicas, informó el primer ministro Manuel Marrero.
El avance normativo forma parte del intento del Gobierno cubano por descentralizar parcialmente la economía, ampliar la participación del capital privado y extranjero y otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, en medio de una crisis que ha reducido 15 % el producto interno bruto de la isla durante los últimos seis años.
Gobierno espera aumentar la oferta y contener la inflación
Marrero presentó el nuevo balance al concluir una capacitación dirigida a presidentes de grupos empresariales estatales y juntas de Gobierno, enfocada en la aplicación de las transformaciones.
“Ya se aprecian cambios que impulsarán las capacidades productivas y con ello habrá más oferta, lo que en adelante debe contribuir a la disminución, poco a poco, de los precios, y a contener la inflación que tanto daño hace”, afirmó el primer ministro.
El porcentaje anunciado representa el avance del marco jurídico necesario para aplicar las reformas, aunque todavía no implica que todas funcionen plenamente ni que sus efectos puedan observarse de manera inmediata en la economía cotidiana.
Las autoridades cubanas sostienen que las nuevas disposiciones deben convertir a la empresa estatal en una estructura “más ágil, eficiente y articulada” con el resto de los actores económicos.
Buscan vincular empresas estatales con capital privado
Entre las normas destacadas se encuentra el Decreto Ley 114, que regula las asociaciones entre entidades empresariales estatales y actores no estatales.
Su aplicación busca incrementar la producción de bienes y servicios, sustituir importaciones, utilizar capacidades productivas disponibles, elevar la competitividad y generar empleos.
El jefe de Gobierno aclaró que transformar una empresa estatal en una sociedad mercantil por acciones o participaciones “no es sinónimo de privatización”.
Según explicó, el propósito es separar la propiedad de la gestión, atraer inversión privada nacional o extranjera y mejorar la eficiencia, las exportaciones y la competitividad de las compañías.
Reformas alcanzan agricultura, banca e inversión
Las 176 transformaciones están organizadas en 23 ejes temáticos e incluyen la descentralización de competencias hacia los municipios en áreas administrativas, presupuestarias, financieras, tributarias y ambientales, además de la gestión de proyectos, recursos humanos, capacitación y conocimiento.
El paquete también contempla cambios para dinamizar la agricultura, el comercio exterior, el mercado inmobiliario y la inversión privada y extranjera. Asimismo, permite una mayor participación del capital privado en la actividad financiera y amplía la autonomía operativa de las empresas estatales.
Otras disposiciones aprobadas durante los últimos meses flexibilizan la contratación laboral, permiten empresas privadas con más de 100 trabajadores y facilitan la incorporación de inversionistas cubanos residentes en el extranjero.
Las medidas avanzan en medio de una prolongada crisis
La reforma económica llega después de seis años de contracción, periodo en el que el PIB cubano disminuyó 15 %, de acuerdo con datos oficiales. La población también enfrenta inflación, pérdida de poder adquisitivo, escasez de productos básicos y prolongados apagones.
El Gobierno cubano atribuye parte del deterioro a las sanciones de Estados Unidos, intensificadas desde enero mediante restricciones petroleras y otras medidas de presión económica.
La efectividad del paquete dependerá ahora de que las modificaciones legales se traduzcan en inversión, producción y disponibilidad de bienes. Aunque el Gobierno reporta un avance cercano al 90 %, el principal reto será que las reformas produzcan resultados perceptibles en los precios y las condiciones de vida de la población.