La justicia de Ecuador dictó una sentencia de 29 años y cuatro meses de prisión contra el exasambleísta Santiago Díaz Asque, luego de que un tribunal penal en Quito lo encontrara culpable del delito de violación contra una menor de 12 años, hija de una colaboradora que formaba parte de su despacho legislativo.
El fallo fue dado a conocer este 8 de mayo de 2026, marcando uno de los procesos judiciales de mayor impacto político y social registrados recientemente en el país sudamericano, debido al perfil público del sentenciado y a la gravedad de los hechos acreditados durante el juicio.
La resolución judicial establece la pena máxima agravada contemplada por la legislación ecuatoriana para este tipo de delitos.
Además de la condena privativa de libertad, los jueces ordenaron el pago de una reparación económica de 5 mil dólares a favor de la víctima y dispusieron que la red pública de salud garantice atención psicológica especializada para la menor como parte del proceso de reparación integral.
Las autoridades también establecieron medidas de acompañamiento institucional orientadas a proteger la estabilidad emocional de la víctima.
Fiscalía presentó 43 elementos de convicción
Durante el juicio, la Fiscalía sustentó su acusación con 43 elementos probatorios que fueron considerados determinantes por el tribunal para acreditar la responsabilidad penal del exlegislador.
Entre las pruebas destacan el testimonio anticipado de la víctima, las declaraciones rendidas por sus padres y su hermana, una pericia psicológica especializada y los informes técnicos derivados del allanamiento realizado en el domicilio del exasambleísta.
La investigación también sostiene que Díaz Asque presuntamente entregó 140 dólares a la menor para que guardara silencio tras la agresión.
Previo a que se emitiera la sentencia, el exfuncionario rindió declaración sin juramento y negó todas las acusaciones formuladas en su contra.
La agresión habría ocurrido durante reunión privada en su domicilio
Las investigaciones establecen que los hechos habrían ocurrido durante una celebración de fin de año realizada en 2024 en la vivienda del entonces legislador.
Al encuentro asistieron varios integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos una colaboradora que acudió acompañada de su hija de 12 años, quien posteriormente fue identificada como la víctima del caso.
Tras la denuncia formal presentada por el padre de la menor a mediados de 2025, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en la judicialización del expediente.
El caso provocó su expulsión inmediata de Revolución Ciudadana
Al momento de la denuncia, Díaz integraba la bancada de Revolución Ciudadana, movimiento político encabezado por el expresidente Rafael Correa.
Tras hacerse público el caso, la organización anunció su expulsión inmediata.
El entonces legislador había llegado a ocupar una curul luego de la inhabilitación política de Priscila Schettini por una infracción electoral.
La denuncia provocó una fuerte sacudida política dentro del bloque opositor y generó cuestionamientos sobre los mecanismos internos de control y selección de perfiles legislativos.
Permaneció prófugo hasta entregarse voluntariamente
Antes de ser procesado, Santiago Díaz permaneció prófugo durante varias semanas, mientras las autoridades ejecutaban allanamientos sin lograr ubicarlo.
La presión pública escaló al punto que el presidente Daniel Noboa ofreció una recompensa de 100 mil dólares a quien proporcionara información para localizarlo.
Permanece recluido y figura como delator en otro proceso penal
Actualmente, Díaz permanece detenido en la Cárcel 4 de la capital ecuatoriana en Quito.
Además de esta condena, aparece como delator dentro del denominado caso Caja Chica, investigación que indaga presuntos aportes ilegales al movimiento Revolución Ciudadana durante la campaña presidencial de 2023.
Su participación en ese expediente ha mantenido su nombre dentro del debate político ecuatoriano, incluso mientras enfrenta la sentencia por violencia sexual.
Uno de los fallos más severos contra un exfuncionario ecuatoriano
La condena impuesta contra Santiago Díaz Asque representa una de las sanciones judiciales más severas dictadas en Ecuador contra un exintegrante del Poder Legislativo por delitos sexuales contra menores.
Aunque la defensa todavía podría recurrir a mecanismos legales para impugnar la resolución, el fallo constituye un precedente judicial de alto impacto en el país y cierra uno de los procesos penales más mediáticos de los últimos años.