Ocho manifestantes fueron condenados a largas penas de prisión tras un tiroteo ocurrido el pasado 4 de julio en las inmediaciones de un centro de detención migratoria en Texas, Estados Unidos.
El caso más severo corresponde a Benjamin Song, quien recibió una sentencia de 100 años en prisión federal luego de ser declarado culpable de intento de asesinato por disparar e herir a un agente policial.
Condenas para los implicados
Además de Song, otros siete manifestantes recibieron penas que van de los 30 a los 70 años de cárcel por su participación en los hechos registrados en el Centro de Detención Prairieland, ubicado en Alvarado.
Entre los acusados se encuentra Daniel Sanchez Estrada, quien fue hallado culpable de ocultar documentos de manera corrupta y de conspiración para encubrir pruebas.
Otros implicados optaron por declararse culpables de brindar apoyo material a actividades consideradas terroristas.
El abogado de Song, Philip Hayes, aseguró que su cliente apelará la sentencia y sostuvo que los involucrados no tenían la intención de causar daño.
“No se trata de terroristas, sino de jóvenes que querían expresar su voz. Nunca se pretendió que alguien resultara herido”, declaró tras la audiencia en el tribunal federal de Fort Worth.
Asimismo, destacó que Song es exmarine y contaba con un historial personal sin antecedentes, lo que, a su juicio, no fue considerado al dictarse la pena máxima.
Señalamientos de las autoridades
Los fiscales federales sostienen que los acusados están vinculados con grupos identificados como antifa, a quienes el gobierno del presidente Donald Trump ha señalado como una organización extremista.
Sin embargo, los sentenciados han negado cualquier afiliación y aseguran que acudieron a la manifestación para expresar apoyo a los migrantes detenidos en el centro.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que advierten sobre posibles implicaciones en el derecho a la protesta y la libertad de expresión en Estados Unidos.
Expertos señalan que antifa no constituye una organización formal, sino un término general para grupos antifascistas, lo que complica su clasificación legal dentro del sistema estadounidense.
En paralelo, fiscales federales han presentado cargos contra otros grupos en distintas entidades, en medio de la política migratoria impulsada por la actual administración.