El Gobierno de Colombia levantó la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego, una restricción que permanecía vigente desde 2015 y que era prorrogada anualmente. La decisión permitirá que vuelvan a tener efecto las autorizaciones individuales que se encuentren vigentes.
La medida fue establecida mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, y entró en vigor este miércoles tras su publicación oficial.
El cambio no representa una autorización general para que cualquier ciudadano pueda circular armado. El porte continuará sujeto a los controles contemplados en la legislación colombiana y a los permisos expedidos por las autoridades militares competentes.
Permisos vigentes recuperan su validez
Con el nuevo decreto, las personas que ya cuentan con un permiso individual de porte vigente podrán utilizarlo nuevamente, siempre que la autorización no haya sido suspendida, cancelada o revocada por alguna autoridad.
El documento únicamente ampara el arma registrada en el permiso correspondiente. Además, las autoridades conservarán la facultad de revisar cada caso y determinar si procede mantener, renovar o retirar la autorización.
Quienes busquen obtener un nuevo permiso deberán presentar su solicitud ante el Ministerio de Defensa y las dependencias encargadas del control de armas, además de acreditar los requisitos legales, físicos y psicológicos establecidos.
El presidente colombiano aseguró que la flexibilización no implica un porte indiscriminado de armas y sostuvo que las autorizaciones continuarán otorgándose bajo criterios de seguridad.
Tenencia y porte de armas mantienen reglas diferentes
La eliminación de la suspensión tampoco modifica la diferencia entre tenencia y porte. La primera permite conservar un arma registrada en un domicilio, establecimiento o inmueble determinado, mientras que la segunda autoriza llevarla fuera de ese lugar.
Por esta razón, contar con un permiso de tenencia no habilita automáticamente a una persona para circular armada. Para hacerlo deberá obtener específicamente la autorización de porte.
Las fuerzas militares mantendrán el control sobre la expedición, renovación, suspensión y cancelación de los permisos. Por su parte, la Policía podrá realizar inspecciones e incautar armas cuando detecte irregularidades o incumplimientos.
Gobierno enfoca operativos contra armamento ilegal
De la Espriella presentó la decisión como parte de su estrategia de seguridad y señaló que el objetivo es permitir la defensa de ciudadanos que cumplen con la ley, mientras el Estado concentra sus operaciones en el armamento utilizado por organizaciones criminales.
De acuerdo con cifras gubernamentales, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 las fuerzas de seguridad decomisaron cerca de 15 mil 700 armas de fuego. Más de 14 mil de esos aseguramientos estuvieron relacionados con actividades delictivas.
La suspensión general había comenzado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente fue extendida por las administraciones siguientes. Aunque existían excepciones, las personas interesadas tenían que conseguir autorizaciones especiales.
Con la nueva disposición, Colombia regresa al procedimiento ordinario de evaluación de permisos, pero mantiene el monopolio estatal sobre las armas y los controles previstos en su legislación. El alcance de la decisión se limita a retirar la prohibición general y no establece el libre porte en el país.