La cúpula del poder judicial en Bolivia experimenta un cambio radical luego de que el magistrado Carlos Ortega jurara este jueves como nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Su llegada a la titularidad se da en sustitución de Romer Saucedo, quien abandonó el país la semana pasada en medio de graves acusaciones por narcotráfico y soborno.
La juramentación de Ortega se llevó a cabo durante un acto oficial en Sucre —capital constitucional y sede del órgano Judicial—, tras cumplirse el plazo perentorio de seis días que el alto tribunal le había otorgado a Saucedo para retomar sus funciones, llamado que fue ignorado.
Salida del país y causas judiciales en curso
El pasado miércoles, Romer Saucedo anunció su salida del territorio boliviano argumentando que su vida y la de su familia "corren peligro" y señalando directamente al Gobierno de Rodrigo Paz de fabricar un expediente en su contra para "desacreditarlo".
Sin embargo, las instituciones del Estado han avanzado con investigaciones penales en su contra. El fiscal general interino, José Armando Urioste, reveló que Saucedo es indagado por presunto narcotráfico y organización criminal, y confirmó la apertura de una segunda causa por un caso de soborno en el que también se encuentra involucrada su hermana.
Asimismo, el Ejecutivo ha vinculado al magistrado con el exfiscal general Roger Mariaca —quien fue destituido y encarcelado en octubre pasado bajo el señalamiento de encabezar una red criminal para proteger al "narcoterrorismo"—.
Reestructuración interna y futuro del cargo
Ante este escenario de crisis institucional, el flamante presidente del TSJ reconoció sentir "dolor" por la situación que atraviesa el organismo en su "totalidad", por lo que recalcó la imperiosa necesidad de articular esfuerzos para impulsar una "reforma" largamente postergada. Para cubrir la vacante dejada por Saucedo en la Sala Plena, el alto tribunal habilitó formalmente a la magistrada Miriam Rosell como su suplente.
Cabe recordar que Saucedo había llegado al cargo tras ser elegido por voto popular en los comicios judiciales de 2024 para un periodo de seis años. Tras tensiones previas con el Gobierno por disputas presupuestarias —las cuales incluyeron amagos de huelga—, el magistrado había presentado su renuncia a la presidencia el 15 de octubre, prevista para hacerse efectiva en enero de 2027; no obstante, al salir del país aseguró inicialmente que mantendría su investidura.
Ante la prolongada ausencia y la gravedad de los señalamientos, la decana en ejercicio del TSJ, Rosmery Ruiz, confirmó que toda la información sobre el caso fue remitida al Parlamento, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de evaluar su situación y definir su destitución conforme a la ley.