La madrugada del 19 de febrero de 2006, las entrañas de la tierra se tragaron a 65 trabajadores de la mina 8 de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, uno de los numerosos pueblos asentados en la meseta de la zona minera de Coahuila, conocida como Región Carbonífera.
De acuerdo con la relatoría oficial, una explosión de gas metano derrumbó gran parte de las galerías de la mina, perteneciente a Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota-Velasco, uno de los hombres más adinerados del país.
Once mineros lograron escapar del derrumbe, pero decenas de ellos quedaron sepultados en las tinieblas, a decenas de metros de profundidad.
Fallas de seguridad y omisiones
De inmediato se corrió la voz, y en cuestión de horas, cientos de personas, entre familiares, trabajadores y cuerpos de rescate, llegaron a la par de los primeros rayos del sol para ver la devastación y la tragedia en toda su dimensión.
Las investigaciones posteriores arrojaron que, como es frecuente, los trabajadores laboraban en condiciones infames, con salarios miserables y con poca seguridad.
Los reportes de fallas de seguridad de la mina databan desde el inicio del milenio. La última inspección a la mina 8 se había realizado el 12 de julio de 2004, donde se asentaron al menos 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene, por lo que se habían ordenado 48 medidas en calidad de urgencia.
Las autoridades que inspeccionaron la mina nunca regresaron a verificar que las violaciones fueran subsanadas. Y 19 meses después sobrevino la tragedia.
Suspensión del rescate
Como suele suceder en hechos de esta magnitud, vinieron los intercambios de acusaciones, los encubrimientos y los señalamientos de corrupción. Entre todo esto estaba el dolor de los familiares, quienes recibieron desde el primer momento una promesa de rescate de sus seres queridos.
El tiempo transcurrió y la posibilidad de encontrarlos vivos se fue diluyendo conforme pasaban los días.
Para el 4 de abril de 2007, cuando apenas se habían rescatado los cuerpos de Felipe de Jesús Torres Reyna y de Manuel Peña Saucedo, Minera México decidió suspender la búsqueda de cuerpos argumentando que se estaba poniendo en riesgo a los rescatistas.
Un diagnóstico presentado por la empresa señaló que la mayor parte de la mina se encontraba inundada y contaminada, por lo que decidió detener el rescate.
Reanudación de la búsqueda
Fue hasta septiembre del 2021 que el Gobierno Mexicano, tras un largo litigio de las familias y organismos en pro de los derechos humanos, decidió retomar las acciones y recomenzó los trabajos de búsqueda y rescate con un nuevo proyecto, que ha avanzado lento, pero de manera constante.
El Gobierno indemnizó a las familias de los mineros, construyó un memorial en el sitio y, a la fecha, se han logrado rescatar restos de 25 mineros, y han identificado a 23 de ellos.
38 más permanecen en las tinieblas, a la espera de que sus cuerpos se reencuentren con la luz del sol, para que sus familias los despidan y luego los regresen a la tierra.
Memoria y exigencia de justicia
Las 65 cruces de madera que permanecen en las afueras de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera en San Juan de Sabinas son un impresionante recuerdo de la tragedia que cubrió a toda esta región.
La búsqueda de los restos de los mineros ha ido de la mano del clamor de justicia y una verdad que, de acuerdo con las familias, ha sido conocida, documentada, pero todavía negada.
El camino ha sido largo, tedioso, desgastante, pero no ha terminado. Las familias afirman que, mientras exista un solo minero que no haya regresado a casa, la búsqueda no se puede dar por concluida.