Las escuelas de Coahuila deberían contar con un registro sistemático de amenazas, agresiones, lesiones y casos recurrentes de acoso que permita identificar patrones de conducta y actuar antes de que la violencia escale, planteó Brenda Zavala, abogada y especialista en perfilación criminal, tras los hechos registrados en una secundaria de Torreón.
La especialista consideró que documentar cada incidencia permitiría conocer los antecedentes de violencia existentes no sólo en cada plantel, sino también identificar diferencias entre escuelas, colonias, ejidos y municipios para diseñar estrategias de prevención acordes con los riesgos de cada comunidad.
“Sí debe llevar un registro de qué incidencias se van teniendo por regiones, por escuelas, porque para una perfilación criminal, para la criminología, eso nos da un margen de estudio”, explicó.
Zavala señaló que cuando dentro de una escuela comienzan a repetirse situaciones de bullying, lesiones, amenazas u otras conductas violentas, la información acumulada puede convertirse en una herramienta para detectar que existe un problema que requiere intervención y no esperar hasta que ocurra una agresión de mayor gravedad.
El seguimiento, agregó, debe incluir la comunicación inmediata con los padres de familia, la documentación de los incidentes conforme a los protocolos escolares y, cuando una conducta represente un riesgo o no sea atendida, dar aviso a las autoridades correspondientes.
Para la perfiladora criminal, el análisis no debe limitarse únicamente a la conducta que un estudiante presenta dentro del salón de clases. También deben observarse cambios como aislamiento, agresividad recurrente, dificultades para relacionarse y otras manifestaciones que puedan requerir una valoración especializada.
Aclaró que identificar este tipo de comportamientos no significa considerar automáticamente a un estudiante como potencial agresor. El objetivo, sostuvo, es contar con información que permita intervenir oportunamente y determinar qué tipo de atención requiere cada caso.
Zavala propuso además integrar el trabajo de especialistas en psicología y criminología en las estrategias de prevención escolar. Mientras la atención psicológica permitiría evaluar el estado emocional de los estudiantes, el análisis criminológico podría contribuir a identificar factores de riesgo y patrones de violencia dentro de una comunidad.
Consideró que las universidades también podrían participar mediante estudiantes de psicología y criminología que realizan servicio social, como una alternativa para ampliar las capacidades preventivas de los planteles.
La especialista sostuvo que el caso de Torreón debe servir para revisar el modelo de prevención existente en las escuelas y pasar de una reacción posterior a los hechos a un esquema que permita documentar, detectar, intervenir y dar seguimiento a las primeras manifestaciones de violencia.