La disponibilidad de brazaletes electrónicos es todavía insuficiente en Coahuila para atender todos los casos en los que un juez pudiera ordenar este mecanismo de vigilancia, reconoció el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, al abordar las medidas aplicadas contra personas acusadas de violencia familiar y agresiones contra mujeres.
El funcionario explicó que los dispositivos forman parte de las alternativas que pueden utilizarse para supervisar a una persona sometida a proceso y reducir el riesgo para la víctima, aunque su aplicación depende de la determinación judicial y de la disponibilidad del equipo.
Pimentel señaló que el Poder Judicial del Estado tiene conocimiento de la necesidad de incrementar el número de brazaletes y, según la información con la que cuenta, ha solicitado recursos adicionales para adquirir más dispositivos.
“Ya entiendo que [se hicieron] las solicitudes de ampliación presupuestales necesarias para que puedan contar con el número de brazaletes que sea necesario, porque es una medida cautelar que dictan los jueces y que se tiene que aplicar”, declaró.
Jueces determinan la aplicación de medidas cautelares
También existen dispositivos duales, utilizados principalmente en casos de violencia familiar, que permiten establecer mecanismos de seguimiento relacionados con la ubicación del agresor y la víctima y generar alertas ante un eventual acercamiento, cuando así lo determine la autoridad.
Sin embargo, una orden de restricción no implica automáticamente la colocación de un brazalete. Pimentel precisó que corresponde a los jueces determinar las medidas cautelares procedentes de acuerdo con las circunstancias de cada proceso y el riesgo identificado.
Las restricciones tampoco son la única intervención dirigida hacia quien ejerce violencia. El secretario explicó que un juez puede ordenar que el agresor se someta a tratamiento psicológico o programas destinados a modificar patrones de conducta.
“Una de las medidas cautelares que otorgan los jueces en los conflictos es precisamente que los hombres que han sido autores de alguna situación de violencia se sometan a las terapias necesarias para modificar sus conductas”, afirmó.
Registro estatal contabiliza mil 762 personas sancionadas
El tema cobra relevancia frente al número de personas que ya han sido sancionadas judicialmente por violencia contra las mujeres. El Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres contabiliza actualmente mil 762 personas, frente a las 678 registradas cuando el padrón comenzó a operar en 2022.
El incremento es de mil 84 registros, equivalente a alrededor de 160 por ciento. Saltillo concentra 543; Torreón, 272; la Región Carbonífera, 168; Monclova, 145; Acuña, 95, y San Pedro de las Colonias, 32, además de los correspondientes a otros distritos judiciales.
Estas cifras, sin embargo, no representan el número de órdenes de restricción vigentes en Coahuila. El padrón contabiliza personas sancionadas mediante resoluciones judiciales por delitos relacionados con violencia contra las mujeres, mientras que las medidas de protección y cautelares pueden imponerse en otras etapas de una investigación o proceso.
La diferencia resulta relevante porque una mujer puede contar con medidas para impedir que su agresor se acerque sin que este aparezca todavía en el registro de personas sancionadas. En esos casos, la eficacia de la protección depende no solamente de que la restricción sea dictada, sino de la capacidad para vigilar su cumplimiento y reaccionar ante una eventual violación, particularmente en los asuntos considerados de mayor riesgo.
