El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó junto con el partido una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Organismo de Cuenca Río Bravo, por omitir acciones para preservar y restablecer el equilibrio hídrico del acuífero Saltillo–Ramos Arizpe.
La queja señala que el acuífero, del que depende el 100% del suministro de agua en Saltillo, enfrenta una sobreexplotación severa atribuida principalmente a empresas privadas, en especial de la industria refresquera y embotelladora.
Según datos oficiales de CONAGUA 2024, existe un déficit anual de -54.91 millones de m³ y 1,190 concesiones vigentes, lo que agrava la escasez y repercute directamente en la calidad y disponibilidad del agua para la población.
Escasez y mala calidad del agua para la población
Movimiento Ciudadano denunció que, desde hace más de una década, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga han visto disminuir su acceso al agua potable, con cortes prolongados e incluso recomendaciones oficiales de consumir exclusivamente agua embotellada debido a la mala calidad del suministro.
Entre los puntos que se incluyen en la denuncia están:
• La sobreexplotación industrial con cientos de concesiones activas.
• La falta de regulación y monitoreo efectivo por parte de la autoridad federal.
• La ausencia de reducción o cancelación de concesiones a industrias de alto consumo.
El documento presentado ante PROFEPA solicita inspecciones técnicas al acuífero, revisión de la legalidad de las concesiones y suspensión, cancelación o reducción de volúmenes a industrias de alto consumo.
Además, Movimiento Ciudadano demandó que se otorgue prioridad al consumo humano sobre el uso industrial, así como visitas de verificación para evaluar la viabilidad de cada concesión.
“El agua de Coahuila debe ser para su gente, no para el lucro indiscriminado de unos cuantos. Esta es una lucha por la salud, la vida y la dignidad de nuestras comunidades. No podemos permitir que los intereses privados sigan secando el futuro de Coahuila”, enfatizó Máynez.
La denuncia busca sentar un precedente para que la federación asuma su responsabilidad en la gestión de los recursos hídricos y garantice el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.