El diputado morenista de Coahuila, Antonio Attolini Murra, cuestionó públicamente la boda del influencer Alfredo Cantú Villarreal, conocido como “Un Tal Fredo”, celebrada en Cuatro Ciénegas, luego de que el evento derivara en la clausura de zonas turísticas por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) debido a daños ambientales.
A través de redes sociales, el legislador señaló que, aunque la ceremonia incluyó elementos simbólicos, no se cumplió con los permisos ambientales necesarios para intervenir en un área considerada de alta fragilidad ecológica.
Señalan daño ambiental en zona protegida
De acuerdo con Attolini, el evento se realizó en un entorno natural que resultó afectado tras la instalación de infraestructura temporal, como luces, plataformas y un escenario.
“Se casó con su pareja en un ritual ancestral, chamánico, donde le pidieron permiso a la Madre Tierra como lo podemos ver aquí, sin embargo a quien no le pidieron permiso fue a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, y hoy por hoy el Río Mezquite y muchas otras zonas turísticas de la ciudad se encuentran clausuradas por el daño ambiental irreversible que se generó”.
♬ sonido original - Un Tal Fredo
Montaje del evento generó impacto ecológico
El enlace matrimonial incluyó la presencia de decenas de invitados y la presentación privada del cantante Carlos Rivera, lo que implicó la intervención de un ecosistema considerado único en el planeta.
Las adecuaciones realizadas para el evento habrían provocado un impacto considerable en el entorno natural, lo que derivó en la intervención de autoridades ambientales.
Llamado a respetar la ley ambiental
El legislador enfatizó que el cumplimiento de la ley debe prevalecer sobre cualquier tipo de evento, independientemente de su alcance o difusión.
“Si esta es una zona natural protegida, no importan los seguidores, no importa el número de likes, la ley está para proteger a ecosistemas que valoramos más que un bonito video de youtube para celebrar”.
Hasta el momento, las autoridades mantienen la clausura de las áreas afectadas, mientras se evalúan las consecuencias del daño y las posibles sanciones correspondientes.
