Los hijos de Cynthia Fuentes y Erick Morales, fundadores del Museo de la Katrina y del Museo de la Muñeca, denunciaron públicamente un presunto caso de violencia familiar derivado del proceso de divorcio de sus padres y pidieron a las autoridades garantizar un trato imparcial durante las investigaciones y actuaciones legales relacionadas con el conflicto.
Hijos de los fundadores exponen conflicto familiar
Los hermanos Valeria Morales, Erick Morales y Sofía Morales, quienes durante años se desempeñaron como guías y colaboradores de ambos museos, ofrecieron una conferencia de prensa después de la intervención de elementos de la Unidad Violeta y de la Policía Municipal en el inmueble donde operan los recintos culturales y donde también habita parte de la familia.
De acuerdo con su versión, la presencia de las autoridades ocurrió luego de un desacuerdo por el acceso a habitaciones que consideran espacios privados y que, aseguran, se encuentran protegidos por resoluciones judiciales derivadas del litigio familiar.
Señalan afectaciones emocionales y económicas
Los jóvenes manifestaron que desde hace aproximadamente un año enfrentan conflictos con su madre, situación que, afirmaron, los llevó a dejar de participar en las actividades del museo y ha tenido repercusiones en su estabilidad emocional y económica.
“Lo único que queremos es que se haga justicia y que sea piso parejo”, expresó Valeria Morales.
Los hermanos señalaron que solicitaron a las autoridades revisar las pruebas y evidencias presentadas por ambas partes antes de emitir cualquier determinación, al considerar que hasta ahora únicamente se ha escuchado una versión del conflicto.
Temen afectaciones para los museos familiares
Durante la conferencia también expresaron su preocupación por el futuro del Museo de la Katrina y del Museo de la Muñeca, al considerar que la disputa familiar podría afectar la operación de ambos espacios culturales, en los que aseguran haber trabajado durante 17 años como parte del proyecto familiar.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que el conflicto sea atendido con objetividad y conforme a derecho, al insistir en que buscan que el proceso legal se resuelva con imparcialidad y que se garantice el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.