Un acuerdo histórico se alcanzó este viernes, entre autoridades federales, estatales y productores, para reactivar la industria carbonífera en Coahuila con la licitación de siete millones de toneladas de carbón que beneficiará a más de 50 productores de distintos tamaños, además de impulsar la generación de empleo y el desarrollo económico en la región.
Durante la Mesa de Coordinación Interinstitucional, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Energía Luz Elena González Escobar y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, se establecieron los mecanismos para garantizar un suministro de carbón eficiente, ordenado y justo, luego de varios años de inactividad en el sector.
El acuerdo busca abrir el acceso a pequeños, medianos y grandes productores, tras un largo periodo en el que la distribución de pedidos se concentraba en pocos proveedores.
Con este nuevo esquema, se pretende diversificar la participación, mejorar los precios y asegurar un modelo de competencia equitativa dentro del proceso de licitación.
Como parte del plan de reactivación, se anunció la creación de la Oficina de Fomento Minero y Energético de Coahuila (FOMEC), organismo estatal que fungirá como enlace técnico con la CFE para supervisar el cumplimiento de contratos, verificar la calidad del mineral y agilizar los pagos a los productores, manteniendo la transparencia del proceso.
La mesa de trabajo también contará con el apoyo del Servicio Geológico Mexicano, la Secretaría del Trabajo y la Universidad Autónoma de Coahuila, que participará en el análisis de muestras de carbón para garantizar que el producto cumpla con los estándares requeridos.
El gobierno estatal destacó que esta coordinación con la Federación marca el inicio de una nueva etapa para la región Carbonífera, al combinar inversión, modernización y supervisión técnica con el objetivo de reactivar empleos y detonar la economía local.
En la sesión participaron los alcaldes de Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez, así como representantes de uniones carboneras y funcionarios de los tres niveles de gobierno.