La familia de José Emilio García Ibarra, conocido como “Pepito”, asesinado a puñaladas en Monclova en mayo de 2021, exigirá la reapertura de la investigación por su homicidio y procederá legalmente contra el Ministerio Público y el juez que intervinieron en el proceso que permitió la absolución de Raúl Armando “N”, quien posteriormente fue detenido por otro asesinato.
Luis Arturo García Hernández, tío de la víctima y representante de la familia durante el procedimiento judicial, denunció que la carpeta de investigación estuvo plagada de irregularidades que, a su juicio, favorecieron al acusado. Aseguró que desde 2021 se integró un expediente deficiente para facilitar que el presunto responsable evitara una condena por homicidio.
El familiar sostuvo que durante una reunión con el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, solicitó revisar nuevamente las actuaciones ministeriales y determinar responsabilidades contra quienes participaron en la integración de la carpeta.
Explicó que el funcionario lo atendió y ordenó revisar el expediente, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta concreta sobre las acciones que emprenderá la institución para esclarecer el asesinato de su sobrino.
Cuestionan absolución por homicidio
García Hernández recordó que José Emilio fue asesinado en una vivienda del sector habitacional donde residía, después de recibir decenas de heridas producidas con arma blanca. Su cuerpo permaneció oculto desde el viernes hasta el domingo, cuando fue descubierto dentro del inmueble.
De acuerdo con su versión, el procedimiento judicial estuvo marcado por decisiones que debilitaron la acusación original, particularmente porque el delito de homicidio calificado dejó de sostenerse durante el proceso, mientras que Raúl Armando “N” terminó enfrentando una condena por ocultamiento de cadáver.
El entrevistado cuestionó que las autoridades no hayan esclarecido plenamente quién privó de la vida a su sobrino, cuando existía un cuerpo, una víctima y elementos que, considera, debieron investigarse con mayor profundidad.
“Hay un cuerpo, hay una víctima, debe haber un asesino. ¿Quién fue el asesino?”, cuestionó García Hernández al explicar que pidió al delegado regional que la Fiscalía valore la posibilidad de integrar nuevamente una investigación por el homicidio.
Exigen responsabilidades por segunda muerte
El familiar afirmó que, antes de que el acusado recuperara su libertad, advirtió a las autoridades que podría volver a cometer un asesinato, debido a la gravedad de los hechos registrados en 2021.
Ahora, tras la detención de Raúl Armando “N” por su presunta participación en el homicidio de Ignacio Vázquez, conocido como “Nachito”, ocurrido en Frontera, consideró que las consecuencias de las omisiones que denunció anteriormente alcanzaron nuevamente a otra familia.
Por estos motivos, anunció que los familiares procederán legalmente contra el Ministerio Público Garza Lozano y contra el juez que intervino en el procedimiento anterior. También solicitarán que se investigue la actuación de los funcionarios y que se determinen las sanciones correspondientes.
Entre sus exigencias mencionó la destitución del juez y que se promuevan las acciones necesarias para que el exagente del Ministerio Público pierda su cédula profesional, al considerar que su actuación tuvo consecuencias graves.
García Hernández agregó que solicitó al delegado regional la separación de quienes participaron en la elaboración del expediente original, mientras se revisan las posibles irregularidades. Aseguró que la familia no pretende dejar el caso sin consecuencias y buscará que se esclarezca el asesinato de José Emilio.
Antecedente: José Emilio García Ibarra fue asesinado en mayo de 2021 y su cuerpo fue localizado oculto dentro de un contenedor de plástico en una vivienda de Monclova. Raúl Armando “N” fue detenido y procesado, pero posteriormente obtuvo una sentencia absolutoria por homicidio y una condena por ocultamiento de cadáver.