Más de un centenar de activistas, colectivos y organizaciones de derechos humanos del país denunciaron públicamente una posible negligencia médica en la atención brindada a Blanca Isabel Martínez Bustos, defensora histórica de personas desaparecidas, quien murió el pasado 10 de noviembre en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo.
La familia Martínez Bustos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el trato que recibió la activista tras ingresar al hospital para una cirugía programada.
De acuerdo con los colectivos, Blanca “entró caminando” y esperaba retomar sus actividades días después, pero su estado se complicó en un contexto que describen como una “pésima atención”.
En un comunicado firmado por más de 270 personas defensoras, así como por más de 100 colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, se acusa que el caso refleja omisiones graves dentro del sistema público de salud, particularmente en el IMSS, al señalar falta de protocolos adecuados de valoración prequirúrgica, ausencia de personal médico de seguimiento durante fines de semana y carencia de áreas suficientes de terapia intensiva.
Las organizaciones afirman que Blanca Martínez —fundadora del Centro Fray Juan de Larios e impulsora de la primera generación de colectivos de búsqueda en México— fue tratada “sin el mínimo respeto” y advierten que su muerte exhibe fallas sistemáticas que ponen en riesgo a miles de pacientes en el país.
Los firmantes exigieron que la Fiscalía realice una investigación profunda, una necropsia con peritos independientes y una revisión integral del funcionamiento de los hospitales del IMSS en Saltillo.
La figura de Blanca Martínez ha sido reconocida durante años como referente en la defensa de los derechos humanos, la construcción de leyes y protocolos para personas desaparecidas, así como en el acompañamiento a familias de todo el país.
Su muerte ha generado una ola de indignación en los colectivos que consideran este caso como una “tragedia evitable” derivada de omisiones institucionales.
La Fiscalía de Coahuila aún no ha informado públicamente sobre el avance de la investigación.