El inicio del plantón de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) en el Zócalo de la Ciudad de México vuelve a colocar la crisis de la acerera como el principal desafío económico y laboral para Coahuila, en medio de un proceso que, de acuerdo con el Gobierno estatal, esta en una etapa clave para definir su futuro.
Ante esta movilización, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la situación de las y los trabajadores de AHMSA es la prioridad laboral más importante de su administración y aseguró que existen condiciones para avanzar hacia una solución de fondo, siempre que se mantenga el diálogo y la coordinación entre todos los actores involucrados.
El mandatario explicó que el Gobierno de Coahuila ha mantenido contacto permanente con los trabajadores, organizaciones sindicales, acreedores, autoridades judiciales, instancias federales y la administración de la empresa, con el objetivo de contribuir como mediador en un conflicto que calificó como complejo y de alto impacto social.
Jiménez Salinas señaló que el origen de la crisis de AHMSA se encuentra en un conflicto político ocurrido durante la pasada administración federal, cuyas consecuencias derivaron en la quiebra de la empresa y la pérdida de miles de empleos, afectando directamente a familias de la Región Centro y de todo el estado.
Indicó que actualmente se trabaja para que el proceso jurídico permita avanzar hacia la subasta de la empresa y la llegada de un nuevo inversionista con capacidad financiera, no solo para cubrir los adeudos existentes, sino para reactivar la producción, recuperar empleos, reanimar la economía regional y avanzar en el pago a proveedores.
El gobernador subrayó que el Gobierno Federal es un actor determinante en este proceso, al concentrar una parte significativa de los adeudos a través de dependencias como Pemex, CFE, IMSS e Infonavit, por lo que su participación es clave para construir un modelo financiero atractivo para nuevos participantes.
Reconoció que el monto del problema rebasa la capacidad financiera del Estado, al tratarse de una deuda cercana a los mil 500 millones de dólares, equivalente a aproximadamente la mitad del presupuesto anual de Coahuila, por lo que reiteró que el papel estatal ha sido acompañar, gestionar y facilitar acuerdos.
Ante la incertidumbre generada por versiones encontradas sobre el avance del proceso legal, Jiménez Salinas llamó a mantener la calma y a abonar a una solución, al destacar que existe voluntad del Gobierno Federal para atender el tema, el cual fue planteado desde antes de la toma de posesión de la presidenta de la República y forma parte de sus compromisos prioritarios.
