El Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres (CJEM) del Distrito Judicial de Monclova obtuvo una sentencia histórica en contra de un hombre por los delitos de secuestro agravado y violencia familiar agravada.
Héctor “N” fue sentenciado a 98 años de prisión y sin beneficios, el dictamen más largo de la historia obtenido por este órgano defensor de las mujeres.
Héctor, de nacionalidad americana, secuestró y golpeó brutalmente durante cinco días a su esposa Perla, primero en su hogar y luego en un hotel de Monclova.
Diana Laura Mostacero Palomo, Coordinadora de la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la mujer, explicó que los hechos ocurrieron entre el uno y el cinco de octubre de 2023. Explicó que la Policía Preventiva rescató a la mujer, gracias a la llamada que ésta hizo a su padre para pedir auxilio en un descuido de su cónyuge y captor.
El progenitor de la víctima llamó a Seguridad Pública de Monclova y Héctor fue detenido en flagrancia del delito en el hotel El Sabino de Monclova, donde tenía a su esposa.
Posterior a la captura e iniciado el proceso penal contra el imputado, a Fiscalía General del Estado (FGE) y el CJEM acusaron al agresor sólo por el delito de violencia familiar.
Bajo este delito el acusado habría podido recuperar su libertad mediante el pago de una indemnización de 39 mil pesos.
Sin embargo, su esposa, a quien había amenazado con asesinarla cuando saliera de prisión, contrató a la abogada particular Juanita Olalde Felipe, como asesora y coadyuvante del Ministerio Público, para evitar que su marido recupere su libertad. Olalde consiguió que las autoridades cambiaran el proceso.
La profesional del derecho, que ejerce en práctica privada, entrevistada por separado, explicó que tras estudiar el expediente y cabildearlo con el Ministerio Público de delitos de género, el CJEM y el delegado de la FGE, Rodrigo Cháirez Zamora, consiguió reclasificarlo a los delitos de Secuestro Agravado y Violencia Familiar Sgravada.
Afirmó que éstos no otorgan al acusado beneficios como enfrentar el julio en libertad u obtener la pre liberación por buen comportamiento en caso de ser sentenciado. Agregó que además contempla el último una de las penalidades en prisión más altas del catálogo de delitos penales.
El juicio se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en Material Penal del Sistema Penal, Oral y Acusatorio del Distrito de Monclova, convertido en juzgado especializado en delitos de género y contra la mujer, con la jueza Marina Galindo.
Juanita Olalde Felipe y Diana Laura Mostacero se buscaron de lleno al expediente y documentaron con certificados médicos y pruebas científicas la violencia reiterada y brutal en contra de Perla.
Olalde Felipe explicó que las lesiones sufridas por la víctima no lo pusieron en peligro su vida pero tardaron más de dos meses en sanar y provocaron intenso y prolongado sufrimiento, pues requerían forzosamente tratamiento médico que el acusado se negó a proporcionarle.
Mostacero Palomo explicó que incluso se contó con videos del momento del rescate de la mujer y detención del acusado, que fortalecieron el cúmulo de indicios y testimonios contra Héctor.
Con el cúmulo de evidencias y dictámenes médicos, psicológicos y forenses, la jueza Galindo consideró que eran elementos suficientes para dictar la sentencia de culpabilidad al acusado.
En la individualización de la sentencia el fallo de la togada fue de ocho años de prisión por el delito de Violencia Familiar agravada, cuando la pena máxima es de nueve años. Y 90 años de prisión por secuestro agravado, indicó la coordinadora del Ministerio Público Especializado.
Agregó que por el giro del proceso y los delitos del juicio, así como porque aún no es “firme” la sentencia, no podía revelar las identidades de la víctima y el victimario, porque la causa penal aún es “secreta”.
A partir del 29 de octubre, cuando sea leída la sentencia al acusado, su defensa tendrá un término de 10 días para promover alguna inconformidad, concluyó la representante social. Tanto la coordinadora del Ministerio Público como la asesora legal, reconocieron el trabajo y esfuerzo realizados por la una y la otra para
La profesional del derecho, que ejerce en práctica privada, entrevista por separado, explicó que tras estudiar el expediente y cabildearlo con el Ministerio Público de delitos de género, el CJEM y el delegado de la FGE, Rodrigo Cháirez Zamora, consiguió reclasificarlo a los delitos de Secuestro Agravado y Violencia Familiar Sgravada.
Afirmó que éstos no otorgan al acusado beneficios como enfrentar el julio en libertad u obtener la pre liberación por buen comportamiento en caso de ser sentenciado. Agregó que además contempla el último una de las penalidades en prisión más altas del catálogo de delitos penales.
El juicio se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en Material Penal del Sistema Penal, Oral y Acusatorio del Distrito de Monclova, convertido en juzgado especializado en delitos de género y contra la mujer, con la jueza Marina Galindo.
Juanita Olalde Felipe y Diana Laura Mostacero se buscaron de lleno al expediente y documentaron con certificados médicos y pruebas científicas la violencia reiterada y brutal en contra de Perla.
Olalde Felipe explicó que las lesiones sufridas por la víctima no lo pusieron en peligro su vida pero tardaron más de dos meses en sanar y provocaron intenso y prolongado sufrimiento, pues requerían forzosamente tratamiento médico que el acusado se negó a proporcionarle.
Mostacero Palomo explicó que incluso se contó con videos del momento del rescate de la mujer y detención del acusado, que fortalecieron el cúmulo de indicios y testimonios contra Héctor.
Con el cúmulo de evidencias y dictámenes médicos, psicológicos y forenses, la jueza Galindo consideró que eran elementos suficientes para dictar la sentencia de culpabilidad al acusado.
En la individualización de la sentencia el fallo de la togada fue de ocho años de prisión por el delito de Violencia Familiar agravada, cuando la pena máxima es de nueve años. Y 90 años de prisión por secuestro agravado, indicó la coordinadora del Ministerio Público Especializado.
Agregó que por el giro del proceso y los delitos del juicio, así como porque aún no es “firme” la sentencia, no podía revelar las identidades de la víctima y el victimario, porque la causa penal aún es “secreta”.
A partir del 29 de octubre, cuando sea leída la sentencia al acusado, su defensa tendrá un término de 10 días para promover alguna inconformidad, concluyó la representante social. Tanto la coordinadora del Ministerio Público como la asesora legal, reconocieron el trabajo y esfuerzo realizados por la una y la otra para lograr la histórica sentencia.