Habitantes de San Pedro denunciaron presuntos actos irregulares atribuidos al secretario del Ayuntamiento, Jaime Martínez Cepeda, a quien señalan de haberse beneficiado con terrenos mediante firmas presuntamente falsas, además de litigar asuntos legales de manera paralela a su función pública, lo cual estaría prohibido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De acuerdo con los testimonios recabados, serían más de 50 familias las afectadas por estos presuntos actos, los cuales —afirman— han derivado en conflictos legales y patrimoniales que mantienen a varias personas en incertidumbre, sin poder disponer de los terrenos que durante años ocuparon o heredaron.
“Nosotros compramos el terreno con documentos legítimos, pero ahora resulta que el secretario aparece como dueño con una escritura nueva. Fuimos al Registro Público y nos dicen que el papel que él presentó tiene una firma de alguien que ya murió hace más de tres años”, señaló un ciudadano que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
Otra afectada aseguró que incluso han intentado acercarse al Ayuntamiento para buscar una solución, pero no han recibido respuesta.
“Hemos ido varias veces a hablar con él, pero nos trata con prepotencia, dice que él sabe de leyes y que si queremos pelear, lo hagamos en los tribunales. Nosotros no tenemos dinero para abogados, sólo pedimos justicia”, expresó la mujer, vecina del sector norte del municipio.
Algunos afectados mencionaron que los terrenos en disputa se ubican en colonias como La Trinidad, El Perú y San Isidro, y que varios documentos que respaldan sus derechos fueron desconocidos después de que Martínez Cepeda habría realizado movimientos notariales y catastrales sin consentimiento de los dueños originales.
“Yo misma le comenté a la alcaldesa Brenda Guereca sobre las demandas que existen contra su secretario, pero me respondió que lo tiene ahí porque es de su confianza y ve las cosas de otra forma”, declaró una de las denunciantes, quien lamentó la falta de atención del gobierno municipal.
Según lo establecido en el artículo 47, fracción 13, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Coahuila, los funcionarios no pueden litigar ni gestionar asuntos particulares mientras ocupen un cargo en la administración pública, salvo en causa propia. Asimismo, el Código Penal del Estado tipifica como delito la falsificación de documentos y el uso indebido de funciones públicas, con sanciones que van desde la inhabilitación hasta la prisión.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la alcaldesa Brenda Guereca ni del propio Jaime Martínez Cepeda respecto a las acusaciones. Las familias afectadas solicitaron la intervención de las autoridades estatales y de la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen los hechos y se determine la responsabilidad correspondiente.
“Queremos que se haga justicia. No pedimos favores, sólo que nos devuelvan lo que es nuestro. No es justo que alguien que tiene poder y dinero abuse de su puesto para quitarnos nuestras propiedades”, concluyó una de las denunciantes.