La restricción del uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica, prevista para comenzar el próximo 3 de noviembre, no será suficiente por sí sola para resolver los problemas relacionados con redes sociales, ciberacoso y retos virales entre estudiantes, consideró Raúl Fernando Padrón Garza, catedrático de la Universidad Tecnológica de Coahuila.
El académico señaló que la medida enfrenta distintas variables, debido a que el dispositivo también funciona como herramienta de comunicación entre alumnos y padres de familia, especialmente ante situaciones de emergencia, pero al mismo tiempo puede utilizarse para generar contenidos que afecten a compañeros, docentes o instituciones educativas.
“Una solución sola de prohibición no creo que nos lleve a un buen resultado”, expresó.
Padrón Garza consideró que la restricción deberá acompañarse de un marco normativo claro, particularmente para establecer qué consecuencias habrá cuando un estudiante utilice las redes sociales para participar en conductas que puedan generar afectaciones dentro de la comunidad escolar.
Señaló que los retos que circulan en plataformas digitales pueden convertirse rápidamente en fenómenos de imitación entre menores si no existe orientación sobre sus consecuencias.
“Si no hay un corte legal, un ejemplo de aplicación de algún tipo de sanción o castigo, los demás chicos están pensando en cómo le pueden hacer ellos para estos retos”, señaló.
El catedrático sostuvo que algunos adolescentes no alcanzan a dimensionar las consecuencias de los contenidos que publican o replican, por lo que consideró necesaria una intervención conjunta entre familias, escuelas y autoridades educativas.
Añadió que las autoridades deberán establecer reglas suficientemente claras para diferenciar entre el uso académico o de seguridad de un teléfono y aquellas conductas que puedan afectar los derechos de otras personas.
Padrón Garza también planteó que la educación básica debería reforzar contenidos relacionados con civismo, responsabilidad social y respeto, con el objetivo de complementar las restricciones tecnológicas con una formación sobre las consecuencias de las decisiones individuales.
Desde su perspectiva, el reto no consiste únicamente en retirar los teléfonos de las aulas, sino en enseñar a los estudiantes a utilizarlos responsablemente cuando tengan acceso a ellos fuera del entorno escolar.