Aún con pruebas brindan a policía del estado prisión preventiva
De acuerdo con reportes, el policía disparó en nueve ocasiones contra un joven en un hecho que claramente se tipifica como un intento de homicidio
La indignación crece entre los ciudadanos de Saltillo luego de que se diera a conocer que un elemento de la Policía Estatal, identificado como Carlos N., fue vinculado a proceso por intento de homicidio, pero permanecerá en prisión preventiva en su domicilio, decisión tomada por la jueza Zahira Francisca Martínez.
De acuerdo con reportes, el policía disparó en nueve ocasiones contra un joven de nombre Daniel, en un hecho que claramente se tipifica como un intento de homicidio.
Sin embargo, a pesar de la gravedad del ataque y el riesgo evidente para la vida de la víctima, la autoridad judicial optó por no enviarlo a un centro penitenciario, sino permitirle enfrentar el proceso desde la comodidad de su casa.
La resolución ha generado una fuerte ola de críticas y molestia entre los saltillenses, quienes cuestionan el trato privilegiado hacia elementos de seguridad pública y lo contrastan con los casos de personas que, por delitos menores como robo, son recluidas tras las rejas sin miramientos.
En redes sociales y medios locales, ciudadanos han expresado su enojo preguntándose: ¿Qué privilegios tienen los policías en Coahuila? ¿Por qué se protege a quienes abusan del poder? ¿Dónde está el gobernador Manolo Jiménez Salinas y qué medidas tomará ante estos hechos?
“Mientras un ladrón sigue tras las celdas, alguien que atentó contra la vida de un joven está cómodo en su casa. ¿Así se hace justicia en Coahuila?”, expresó una ciudadana a las afueras del Palacio de Gobierno.
Organizaciones civiles y colectivos por los derechos humanos también han solicitado una revisión del caso y de la actuación de la jueza, al considerar que su fallo carece de fundamentos sólidos y podría sentar un peligroso precedente de impunidad.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial sobre el caso, mientras crece la exigencia social de justicia y equidad ante un hecho que, para muchos, representa una falla grave del sistema judicial en Coahuila.
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