La falta de centros públicos especializados para atender problemas de adicción está llevando a numerosas familias de Coahuila a recurrir a anexos particulares que no siempre cuentan con instalaciones, personal ni condiciones adecuadas para ofrecer un tratamiento digno, advirtió el abogado penalista Gerardo Antonio Pérez Pérez.
El especialista señaló que esta situación ha trasladado a las familias una responsabilidad que corresponde atender desde las instituciones de salud, obligándolas a buscar alternativas privadas ante la insuficiencia de espacios públicos para la rehabilitación de personas con dependencia al alcohol y otras sustancias.
Advierten deficiencias en instalaciones y servicios
Explicó que estos establecimientos deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que establece los criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Sin embargo, consideró que existen deficiencias importantes en las condiciones bajo las cuales operan algunos centros.
De acuerdo con el último recuento del que tiene conocimiento, en Coahuila se contabilizaban alrededor de 220 anexos, con capacidades que varían considerablemente entre establecimientos. Aclaró que se trata de una cifra de referencia y no de un padrón actualizado.
Pérez Pérez señaló que uno de los principales problemas es que algunos centros funcionan en casas habitación adaptadas, donde llegan a concentrarse grupos numerosos de personas sin contar con suficientes baños, espacios de descanso o condiciones sanitarias adecuadas.
“Cuando los anexos están ubicados en una casa habitación, en el mejor de los casos hay dos sanitarios para 20 o 30 gentes. Incluso desde el punto de vista sanitario es insuficiente”, expresó.
El abogado también manifestó preocupación por los casos en los que presuntamente se utiliza la violencia como mecanismo de control al interior de estos establecimientos, una práctica que, sostuvo, no puede justificarse bajo el argumento de rehabilitar a una persona.
Agregó que, además de enfrentar la problemática de salud de un integrante de la familia, los hogares terminan absorbiendo los costos de atención en establecimientos particulares, con aportaciones que, según los ejemplos mencionados, pueden oscilar entre 200 y 700 pesos semanales.
Piden ampliar la infraestructura pública para adicciones
Desde su perspectiva, es necesario ampliar la infraestructura pública para el tratamiento de las adicciones y reforzar la supervisión de los establecimientos existentes, a fin de verificar que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa sanitaria y respeten los derechos de las personas internadas.
Como una posible alternativa para incrementar la capacidad de atención, mencionó la posibilidad de adaptar inmuebles amplios, entre ellos el antiguo edificio de la Forestal, en Saltillo, aunque precisó que se trata de una propiedad particular y no de un proyecto autorizado.
Finalmente, Pérez Pérez insistió en que las adicciones deben atenderse como un problema de salud pública, mediante servicios profesionales, accesibles y oportunos, sin que la falta de alternativas obligue a las familias a recurrir a establecimientos que puedan representar un riesgo para sus integrantes.